Africa: Retos de Seguridad

ÁFRICA: RETOS DE SEGURIDAD

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

UNAM

19 de abril de 2018

Embajador Francisco Correa Villalobos

 

México se inscribió en el destino de África desde 1936, cuando fue el único país en condenar la invasión de Etiopía por las fuerzas fascistas de Mussolini y, luego, cuando desempeñó un papel muy relevante en el proceso de descolonización de Naciones Unidas que condujo al surgimiento de los ahora 54 países africanos.

Este panel es muy oportuno porque, pese a lo anterior, contribuye a poner a África en el campo visual de un país que lo ha prácticamente ignorado desde hace cerca de sesenta años. Una demostración de lo anterior es el número de embajadas que tiene México en los países del continente africano, comparado con otros países latinoamericanos de desarrollo similar. Así, mientras Brasil tiene 36 embajadas y dos consulados generales en ese continente. Cuba tiene 30 embajadas, Venezuela y Chile tienen 18 cada una, Argentina tiene 11. México tiene 7. Colombia y Ecuador 6 cada uno, Perú 5 y Bolivia 1.

Los países africanos fueron marcados desde su nacimiento por la competencia entre las grandes potencias. Por definición el anticolonialismo era antioccidental y los países coloniales inscribieron la lucha en el gran juego de la Guerra Fría como justificación de su sangrienta represión. Las guerras de liberación de Argelia, Kenia, Congo, Angola, Mozambique, Zimbabue, Namibia, fueron tal vez las más cruentas, pero ningún país dejó de dar una cuota de sangre por su liberación.

Concentrada en el saqueo, la colonia dejó a los países africanos con un gigantesco déficit de educación, salud y capacitación que, una vez llegada la independencia, los puso a merced de un coloniaje económico, político y militar que se extiende hasta nuestros días.

La imbricación de la competencia entre la Unión Soviética, Estados Unidos, sus respectivos satélites, la resistencia de los gobiernos racistas de Sudáfrica y Rhodesia, los movimientos de liberación nacional y la proyección de Cuba en el continente, marcaron los años setentas y ochentas con sangrientas guerras en al África Oriental y Septentrional. La inestabilidad de la mayoría de los gobiernos era la regla.

La llamada guerra contra el terrorismo iniciada después por Estados Unidos, un eufemismo para justificar la proyección de poder sobre todo el mundo, pero especialmente sobre gobiernos pusilánimes, y la agresión contra Libia tuvo como consecuencia un efecto multiplicador sobre la seguridad de los países del Sahel.

En mi opinión hay tres problemas fundamentales a los que se enfrentan los países africanos en cuestiones de seguridad, que inciden negativamente en sus esfuerzos de desarrollo:

1.- Los conflictos interétnicos. No hay país africano que no padezca de esta problemática, resultado de las fronteras heredadas de la colonia y su imbricación con intereses de inversionistas extranjeros, sobre todo en el área de la minería.

2.- Los movimientos islamistas radicales en la zona del Sahel-Magreb y en otros países del continente.

3.- La competencia entre varias grandes potencias por la influencia política y militar en  el continente

En relación con los dos últimos puntos, hay que tener presente que hoy los intereses externos predominantes en la zona son : Estados Unidos,  Francia y. por extensión, la OTAN y la UE, China, India y Japón.

Como se sabe, Estados Unidos creó en 2008 un comando militar general para África, el AFRICOM , el cual en pocos años ha establecido no menos de 46 bases militares en el continente, de mayor o menor planeada durabilidad además de la base gigantesca en Djibouti, Camp Lemonnier. La mayor parte del resto de las bases albergan fuerzas especiales de operación (SOF) de no menos de 200 hombres que tienen una gran movilidad transfronteriza y algunas son bases de drones. El autor de esas investigaciones calcula que el total de hombres altamente especializados asciende a 1700 repartidos en esas 46 bases. El Pentágono no da cifras uniformes sobre el número de efectivos en África.

La nomenclatura del Pentágono oculta el número de bases reconociendo sólo una base militar, la de Djibouti, mientras que las otras las clasifica como Forward Operation Sites (FOS), Cooperative Security Locations (CSL) y Contingency Locations (CL), según su tamaño y durabilidad prevista,

En un informe obtenido mediante la Freedom of Information Act, el general Donald Balduc, comandante del Special Operation Command Africa (SOCAF) describió las tareas de la siguiente manera:

“Africa’s challenges could create a threat that surpasses the threat that the United States currently faces from conflicts in Afghanistan, Iraq, and Syria.”

Y resumió sus objetivos así:

….”ever-expanding illicit networks, terrorist safe havens, attempts to subvert government authority, a steady  stream of new recruits and resources.”

Es decir, que las tropas norteamericanas son esenciales para la estabilidad de los gobiernos en los países que operan, incluyendo la represión de movimientos de origen étnico, además, por supuesto, de negar una base estatal a grupos djihadistas. Una base militar en Níger, compartida con soldados estadunidenses, servía de centro de tortura de miembros de una etnia o tribu de oposición al gobierno.

Francia, por su parte, deriva su inserción militar en la  zona del Sahel al menos en tres circunstancias: primero que las organizaciones extremistas puedan establecer una base estatal en el Sahel y/o el Magreb que facilite la comisión de actos violento por sí o mediante vínculos con segmentos de la enorme población de origen saheliano o Magrebino en Francia,  segundo, la seguridad de su principal fuente de uranio en Níger para alimentar sus plantas nucleares que proveen el 78% del total de  la energía eléctrica que consume Francia, y tercero su proyección de poder en sus antiguas colonias como apuntalamiento de su disminuída categoría como potencia mundial.

Como se sabe, hasta 2012 Mali era un país bastante estable, a excepción de un área en el despoblado y desértico norte, de ausencia de Estado, contrabando, tráfico de drogas y de personas, así como de un antiguo descontento entre las tribus de Touaregs que reclamaban mayor autonomía. La caída de Ghadaffi en Libia, donde un buen número de Touaregs formaban parte de sus fuerzas armadas, desplazó a muchos de éstos a sus tierras de origen y a la radicalización de sus demandas, que crecieron para exigir la creación un estado llamado Azawad. El levantamiento atrajo de grupos de radicales islamistas que lograron importantes avances, el control de poblaciones a las que sometieron a un estricto régimen y la marginación de los grupos de Touaregs en las operaciones militares.

El descontento de las tropas por la mala conducción de los operativos, dio lugar a que uno de cuyos oficiales, entrenado por Estado Unidos, pero no dirigido por éstos, diera un golpe de Estado con efectos desastrosos, pues los islamistas estuvieron a punto de tomar Bamako. El pánico cundió en París y rápido se armó la Operación Serval que logró replegar a los islamistas quienes se dispersaron en el desierto. En acciones conjuntas de la Unión Africana y Naciones Unidas se crea la MINUSMA, una operación de mantenimiento de la paz destinada a restaurar la autoridad estatal y realizar obras sociales en el norte de Mali, pero no para combatir a los remanentes de los grupos islamistas, que reanudaron los ataques y realizaron algunos avances. Francia lanza entonces la Operación Barkhane para combatirlos con una fuerza de 4000 hombres, con base en Chad y una importante estructura logística y de movilidad.

El movimiento de los djihdistas por todo el Sahel a través de fronteras en el desierto llevó al diseño de una nueva estrategia llamada Fuerza Conjunta G5 Sahel que involucra a los cinco países de la zona, Mauritania, Mali, Burkina Fasso, Niger y Chad, conjuntamente con Francia para integrar una fuerza de 5,000 soldados con capacidad para desplazarse través de las fronteras, que sumados a los de MINUSMA y Barkhane dan un total de 19,000 efectivos.

A estos hay que agregar dos misiones de entrenamiento y una de capacitación de la UE en Níger. Estados Unidos tiene una operación de entrenamiento llamada Operation Enduring Freedom Trans-Sahara, dos bases de drones en Níger y Burkina Fasso y el emplazamiento de aproximadamente 1000 efectivos de las Special Operation Forces en varias bases de los Estados Unidos en los países de la cuenca del Lago Chad, o sean Nigeria, Chad, Camerún y Níger. El nivel de coordinación entre todas estas operaciones es muy pobre y sus objetivos son principalmente militares, por lo que los riesgos de afectación a la población civil son enormes y tiende a desplazarla en grandes números aumentando la carga a gobiernos de países que se encuentran entre los más pobres del mundo y, por ende, crece el riesgo de inestabilidad permanente. A esto hay que agregar que un buen número de antiguos djihadistas, desplazados de Irak y Siria están convergiendo en el Sahel, para engrosar las filas de los grupos de Al-Qaeda del Maghreb.

La vasta presencia militar norteamericana y francesa en África contrasta con la predominante, pero no exclusiva, proyección de poder de China, basada en una cuantiosísima inversión en infraestructura y desarrollo industrial, a un nivel que, en dos décadas, China se ha convertido en el más importante socio comercial, de inversión y de ayuda en todo el continente.  Y digo predominante porque hace unos meses China inauguró una base naval en Djibouti, un primer paso en su presencia militar en  el continente.

Según datos del McKinsey Report el comercio entre China y África ha crecido en los últimos 15 años a un ritmo de 20% anual y la inversión en infraestructura en un 40% al año.

En 2015, el comercio total de mercancías entre China y África era de 188 mil millones dólares, tres veces más grande que el comercio total combinado de India, Francia y Estados Unidos, los siguientes tres socios comerciales más importantes. En ese mismo año el financiamiento para infraestructura fue de 21 mil millones de dólares. Tres veces más importante que la inversión total combinada en ese rubro de Francia, Japón, Alemania e India.

El número de empresas privadas chinas en África se calcula en 10,000, la mayoría dedicada a satisfacer el creciente mercado interno más que las exportaciones.

La impresionante penetración económica y financiera de China en África y su base naval en Djibouti, la última “perla” de su collar de alianzas militares con Bangladesh, Myanmar y Sri Lanka, movió a India y Japón, dos grandes competidores estratégicos de China en Asia, a lanzar un gran esquema llamado Corredor de Crecimiento Asia África, destinado a servir de marco para promover el comercio, la inversión en proyectos de infraestructura, capacitación y conectividad institucional. Pero el objetivo va más allá de los aspectos económicos. Un estudio de Centro de Estudios Estratégicos Internacionales destaca que el autor de golpe contra Mugabe consultó con el gobierno de China antes de proceder con el golpe y que  y Japón tienen la intención de contener la influencia de China en África.

Estos cinco actores internacionales tienen intereses estratégicos divergentes y contradictorios muy importantes en otras regiones. Un claro ejemplo de ello es el conflicto en el Mar del Sur de China entre Estados Unidos y China, un conflicto que involucra el control del Océano Pacífico; el antiguo diferendo fronterizo entre China e India, así como la virtual alianza militar entre Pakistán y China y el conflicto territorial entre Pakistán e India.  Japón y China no han superado los traumas de la Segunda Guerra Mundial y viven una difícil relación desde hace decenios, complicado con el desarrollo de armas nucleares por Corea del Norte, un estado estrechamente asociado a los intereses de seguridad de China.

La presencia militar y la penetración económica pueden fácilmente derivar en el control político de un Estado o, cuando menos, en una influencia importante. Un agravamiento en cualquiera de las situaciones que se han mencionado, puede tener múltiples implicaciones de seguridad en cualquier Estado africano en donde se encuentren estos actores internacionales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Militarización de fronteras, el INM como franquicia del CBP y otras concesiones unilaterales

La Caravana Pueblo sin Fronteras de 2018

El día diez de abril, la prensa destacó en primeras planas la decisión del presidente Peña Nieto de evaluar las relaciones con Estados Unidos, sometiendo a un examen exhaustivo todos y cada uno de los programas y proyectos conjuntos, “para que se sepa lo que hay y podría dejar de haber.”

La evaluación se hará por cada dependencia en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Posteriormente, en una entrevista radial, el secretario Luis Videgaray manifestó que la respuesta de México a la decisión del presidente Trump de militarizar la frontera “deberá tener consecuencias prácticas” y que las medidas que lleguen a adoptarse deberán evaluar todas sus consecuencias, todas sus aristas, partiendo del principio de que la cooperación se da por el interés de México y “no es una ficha de cambio o no es una reciprocidad” (sic).

Tal pareciera que el presidente Peña y el secretario Videgaray han sido unos lectores asiduos de México Internacional y se han convencido de lo que desde principios de 2017 hemos repetidamente sostenido en nuestra página.

Pero el gobierno del presidente Peña no parece muy apresurado a tomar una decisión, toda vez que la revisión y evaluación tomarán “unas semanas”. 

Por más vasta y densa que sea la cooperación bilateral, no parece que su revisión y evaluación deba tomar más de unos pocos días, cuando el gobierno federal cuenta con un importante reservorio de personal calificado en todas las áreas de su competencia, que deberían estar ya movilizados para enfrentar una crisis de seguridad tan grave como la que ha creado nuestro país vecino.

Ello nos hace pensar que estamos frente a un recurso electoral cuyo desenlace puede dosificarse meticulosamente en función de las encuestables venturas o desventuras de su desesperado candidato.

Este autor destinó sólo unas pocas horas para hacer un somero inventario de concesiones unilaterales que ha hecho el gobierno de México a Estados Unidos y que leyó el mismo día 10 de abril en un seminario de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que se reproduce a continuación.

 

SEMINARIO ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ELECTORALES DESDE LA PERSPECTIVA DE LA POLITICA EXTERIOR MEXICANA

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

UNAM

16 de marzo de 2018

(10 de abril de 2018)

por Francisco Correa Villalobos,

Embajador de México en retiro

Con esta Mesa iniciamos un examen del papel de la política exterior de México en los programas de los partidos y candidatos en las actuales campañas para renovar los poderes Ejecutivo y Legislativo.

No concibo este análisis como un ejercicio de adivinación o de especulación sobre lo que cada partido o candidato podría hacer respecto de este tema, sino un esfuerzo por identificar aquellas cuestiones presentes y reales que tienen una incidencia directa en la soberanía, independencia y seguridad nacionales y que, en consecuencia, demandan una atención urgente y prioritaria del gobierno que llegue a resultar electo.

La política exterior ha figurado durante muchos decenios como un tema de prioridad secundaria en los programas electorales y de gobierno y, casi siempre, se ha formulado en términos generales e imprecisos, pese a que nuestra excepcional situación geográfica de proximidad inmediata con la potencia imperial con la proyección mundial de poder más vasta en la historia, plantea, por sí misma, un riesgo permanente a nuestras vulnerables soberanía, independencia y seguridad.

A pesar que hemos vivido una crisis de gravedad incremental en las relaciones con Estados Unido, de hechura gratuita por  el presidente de ese país, crisis que el gobierno de México se ha esforzado, por razones de supervivencia ideológica, no sólo  de minusvalorar sino de intentar, infructuosamente domar la fiera  con concesiones unilaterales de soberanía, al extremo que hace apenas unas pocas semanas nuestro embajador en Washington declaró que, nunca en la historia, las relaciones con  Estados Unidos habían sido mejores que con Peña, no es sino hasta ahora, cuando Trump toma la hostil decisión de militarizar la frontera, que el presidente de México hace un inaudito acopio de valentía para emitir una tímida y retórica defensa de la  dignidad nacional.

Obviamente, el apoyo ha sido unánime de todos los partidos políticos por razones de conveniencia coyuntural, pero el efecto ha sido desplazar la relación con Estados Unidos – y por añadidura la totalidad de la política exterior- del debate político interno, en un momento en el que debería ser motivo de discusión y análisis detallados a nivel nacional. Esta no es una crisis pasajera. México tendrá frente a sí durante tres años más, y posiblemente por siete años más, a un presidente estadunidense irracional, caprichoso, racista y anti-mexicano.

¿Cómo hemos llegado a este extremo de capitulación de sumisión, de entrega?

Las relaciones con Estados Unidos han condicionado la totalidad de nuestra política exterior y han sido determinantes en la concentración de su quehacer internacional en la diplomacia multilateral, a fin de promover el desarrollo y codificación de normas jurídicas mínimas de convivencia internacional, con el objetivo de refrenar la diversificada expansión imperial estadunidense sobre nuestro país y el continente.

Cuando ingresé a la Secretaría de Relaciones Exteriores en la oficina del Embajador Jorge Castañeda, éste me comentó que la política multilateral de México consistía en el esfuerzo de crear una red de normas y principios de derecho internacional que ataran los impulsos intervencionistas de Estados Unidos.

Nuestra tradicional política exterior ha consistido pues en un delicado y cuidadoso equilibrio, por una parte, entre el celoso resguardo de nuestra soberanía e independencia frente a Estados Unidos, basado en el apego constante y coherente a normas claras de derecho y justicia internacional, y, por otra parte, el mantenimiento de relaciones de amistad, escrupulosamente respetuosas y de cooperación en innumerables ámbitos. Debe subrayarse que pese a que han habido numerosos casos en que ambos países han sostenido posiciones contradictorias en temas delicados de seguridad internacional, México y Estados Unidos han mantenido tradicionalmente una retórica de riguroso respeto, que se ha perdido totalmente por parte del jefe del Estado norteamericano.

Nuestra trayectoria en el sistema interamericano desde los años 20 del siglo pasado, en la Sociedad de Naciones y, sobre todo en las Naciones Unidas, demuestra una extraordinaria, paciente, perseverante y coherente actividad que dieron a nuestro país un enorme prestigio y, por lo tanto, una influencia internacional que rebasaba con mucho su fortaleza económica y poderío militar.

Esa línea de política constituía un valor entendido y bien arraigado en el imaginario político mexicano.

Durante la Guerra Fría, Estados Unidos entendió claramente que nuestra política exterior respondía pura y exclusivamente a intereses nacionales muy arraigados en la conciencia nacional, y que, así como su política interna, adoptadas ambas con antelación a la confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, no representaban una peligrosa desviación ideológica, ni una intención de cambio de bando político.

La acción coherente de México en los foros multilaterales durante muchos años, fue percibida pues por Estados Unidos como un elemento normal, medianamente molesto, pero totalmente predecible y no inmanejable de la relación bilateral.  Los casos de Guatemala, Cuba, República Dominicana, Chile, Nicaragua, El Salvador, el Grupo Contadora e incluso el caso de Irak en el Consejo de Seguridad, demostraron al mismo tiempo la tolerancia de Estados Unidos a la política externa de México, y su intolerancia a que el ejemplo pudiera repetirse en el continente.

Este fue un triunfo político internacional nada despreciable de sucesivos gobiernos de México.

La desaparición de la Unión Soviética, la unipolaridad, la concomitante unilateralidad, y sus corolarios, el llamado “excepcionalísimo” y la llamada “indispensabilidad”, invocados por Estados Unidos para justificar su pretendida superioridad sobre el derecho internacional, casi coincidieron en el tiempo con la llegada de los gobiernos del Partido Acción Nacional al poder.

Los seguidores de esa reaccionaria línea política habían quedado al margen por casi un siglo de la formulación y aplicación de la política exterior. Los  dos gobiernos del PAN dieron un vuelco a esta tradición con intentos soterrados de reformar la fracción X del artículo 89 de la Constitución, con la aceptación del concepto de fronteras avanzadas de Estado Unidos, con el control por éstos de la política migratoria, con la participación en operaciones militares y navales conjuntas que responden al interés hegemónico del vecino pero no de México, con importantes concesiones unilaterales de soberanía e independencia y con las guerras contra el narcotráfico y el terrorismo.

Ahora bien, cómo se ha desviado nuestra política exterior de una trayectoria de decenios y cuáles son estas cuestiones de política exterior reales y presentes que afectan nuestra soberanía e independencia nacionales.

En mi opinión, hay una premisa en la que se basa una parte importante de nuestras relaciones políticas con Estados Unidos en los últimos 15 o 20 años: la infundada y cándida creencia que las concesiones unilaterales necesariamente implican la simpatía o la buena voluntad de Estados Unidos, la cual podría manifestarse en el futuro en otros temas de nuestro interés. Esta presunción, generalizada entre la clase política mexicana, el empresariado, periodistas, e incluso entre analistas e investigadores, es falsa y debe rechazarse.  En política internacional las concesiones unilaterales se perciben como hechas en función del interés nacional de quien las hace y, por lo tanto, no ameritan ninguna reciprocidad de parte del beneficiario. La experiencia de México así lo demuestra.

Veamos pues cuáles son estas cuestiones presentes y reales que implican una cesión de soberanía o que socavan nuestra independencia y seguridad, que deberían ser urgentemente abordadas y resueltas por el próximo gobierno.

Hace un año, un periódico digital, Contralínea, publicó un artículo basado en el resultado de información oficial obtenida por medio del IFAI, según la cual se encuentran en el país, además de agentes de la CIA, agentes norteamericanos que pertenecen a 13 agencias oficiales del gobierno de ese país, incluyendo dependencias que realizan actos de autoridad en México en violación de la soberanía nacional. Los elementos de seguridad estadunidenses se encuentran en México, al menos, desde diciembre de 2006, cuando inició la administración del panista Felipe Calderón Hinojosa. Ahora, según Contralínea, al final del sexenio del priísta Enrique Peña Nieto, “no ha existido variación” en las agencias con presencia en México, según ha señalado la SRE en el oficio UDT-0823/2017, fechado el 2 de febrero de 2017. La Secretaría de Relaciones Exteriores negó expresamente a Contralínea informar las actividades que realizan los agentes de esas dependencias estadunidense, por razones, dijo, de seguridad nacional.

Siete de esas agencias dependen del Departamento de Justicia, cinco del Departamento de Seguridad Interior y uno del Departamento del Tesoro. Las agencias del departamento de Justicia que mantienen efectivos en México son:

-Agregaduría Legal de la Agencia Federal de Investigación (Legal Attaché Office-Federal Bureau of Investigation, FBI);

-La agencia antidrogas (Drug Enforcement Administration, DEA);

-La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, ATF);

-La Oficina del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (United States Marshals Service, USMS);

-La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia (Office of International Affairs, OIA-DoJ);

-La Oficina de Desarrollo, Asistencia y Entrenamiento Judicial Internacional (Office of Prosecutorial Development Assistance and Training (OPDAT);

-La Oficina de Programas de Asistencia y Adiestramiento Internacional para la Investigación Criminal (International Criminal Investigative Training Assistance Program Office, ICITAP).

Muchas de estas agencias desempeñan actividades normales en las múltiples funciones que tiene una embajada. Pero otras como la DEA, los Marshalls o Aguaciles, la Customs and Border Protection y el ICE, (Immigration and Customs Enforcement), desempeña funciones de autoridad dentro de nuestro país sobre nacionales mexicanos y extranjeros que se encuentran en México.

Desde hace años, la prensa nacional ha reportado la participación de agentes de la DEA en operativos policíacos y militares contra cárteles de la droga, portando uniformes oficiales mexicanos. En otros casos, su acción clandestina, encubierta, frecuentemente ilegal y en ocasiones abiertamente criminal, crea verdaderas crisis en la relación bilateral. Un caso célebre fue el del asesinato en 1985 de Enrique Camarena, un agente de la DEA de origen mexicano nacionalizado norteamericano, que logró infiltrarse en un grupo de narcotraficantes de la costa del Pacífico, el llamado cártel de Guadalajara.

Cuando lo descubrieron, Camarena fue torturado y asesinado. Estados Unidos armó un gran escándalo ocultando el hecho que Camarena estaba involucrado directamente en el tráfico de drogas y lucrando con ello y que quienes lo delataron a los narcos fueron agentes de la Agencia Central de Inteligencia, como se reveló tiempo después, en uno de estos obscuros episodios de doble lealtad, traiciones, envidias y lucro personal tan comunes en los servicios de inteligencia.

Estados Unidos señaló a Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca como los autores, pero eran ilocalizables para las autoridades mexicanas. Estados Unidos proporcionó entonces información, a través de la DEA, a un grupo de cazarrecompensas, que actuaban como mercenarios, para que secuestraran en Guadalajara a un médico que supuestamente había participado en la tortura de Camarena. El doctor Álvarez Machain fue llevado a Estados Unidos subrepticiamente, con el apoyo logístico y criminal de las autoridades estadunidenses, juzgado y finalmente absuelto por la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos.

Más recientemente, en 2011, la DEA propició una verdadera masacre en el pueblo de Allende en el norte de Coahuila, cuando los Zetas entraron al pueblo buscando a unos desconocidos que los habían traicionado. Mataron a decenas y quizá cientos de pobladores sin que intervinieran la policía o el ejército.

Es bien conocido que organismos estadunidenses de inteligencia, como la CIA, el FBI y la DEA, practican el doble juego de “incendiarios y bomberos”: En ocasiones, cuando encuentran a una persona con el perfil de delincuente o terrorista en potencia, agentes de inteligencia se hacen pasar como simpatizantes que inducen, estimulan, facilitan la comisión del delito, con el fin de que, en el último momento, el acto es frustrado y la persona o personas detenidas. El objetivo del operativo es elevar el prestigio del organismo y de sus directivos.

En el caso que nos ocupa, un agente de la DEA que encabezaba una Special Intelligence Unit, formada por antiguos narcos y policías especialmente seleccionados y entrenados, lograron identificar los números de los celulares del Z40 y del Z42, ambos dirigentes de los Zetas. El agente de la DEA pensó que el acceso a los celulares sería útil únicamente como parte de un amplio operativo y pasó la información a sus superiores en Dallas. Pero el jefe de la oficina de la DEA en esa ciudad, sin diseñar ningún operativo conjunto con la policía y el ejército mexicano, pasó la información a la Policía Federal, en donde un agente no identificado, al menos públicamente, advirtió a los Zetas que sus teléfonos estaban siendo intervenidos.

Los Zetas se habían convertido en habitantes habituales de Allende y mucha gente del pueblo formaba parte de la organización, pero el Z40 y el Z42 no sabían quién los había traicionado. Una noche, decenas de hombres armados ocuparon el pueblo y masacraron un número indeterminado que se calcula entre 60 y 300 habitantes de Allende, sin que la policía ni la guarnición militar intervinieran para detener la matanza.

Los hechos causaron una tormenta política que tiró a Humberto Moreira, que acababa de dejar el puesto de gobernador de Coahuila para ocupar la presidencia del PRI. La DEA, por su parte, emprendió un operativo de control de daños con filtraciones a la prensa que se concentraba únicamente en la corrupción de la Policía Federal y del gobierno del Estado y omitía su irresponsable papel como detonador de la masacre.

El jefe de la oficina de la DEA en Dallas fue felicitado y promovido como segundo de la oficina central de la DEA en Washington.

Hace unas pocas semanas la Cámara de Representantes de Estados Unidos decidió, a siete años de los hechos, iniciar una investigación sobre el papel de la DEA en la masacre.

No tengo conocimiento de que el Gobierno de México haya hecho lo propio.

No es posible prescindir de la colaboración de la DEA en el combate al narcotráfico, pero es absolutamente necesario, indispensable, que se le someta a una estricta supervisión y control de todos sus actos, algo que sólo podrá realizarse con un saneamiento de la PGR de la policía federal y las policías estatales y municipales. Una tarea gigantesca, ímproba, pero que debe emprenderse.

Pasando a otra cuestión, hace unas pocas semanas, el secretario de Relaciones Exteriores declaró que se está estudiando una solicitud del gobierno de Estados Unidos para que actúen los llamados air-marshalls dentro de México. Estos policías son verdaderos kamikazes que van armados dentro de los aviones comerciales con la única función de abatir a balazos a cualquier presunto secuestrador aéreo. Últimamente han sido dotados de pistolas eléctricas como opción, pero no como sustituto de las armas de fuego. Operan en todos los vuelos comerciales dentro de Estados Unidos y en aviones de las compañías norteamericanas en vuelos internacionales con destino al exterior de Estados Unidos o desde el exterior con destino a ese país.

Ahora se pretende incorporar en este esquema a los aviones mexicanos que vuelen a Estados Unidos y a puntos cercanos a la frontera con ese país. El riesgo para los pasajeros sería inconmensurable. No sabemos si ya se ha aprobado el funcionamiento de los air-marshalls en México, pero lo cierto es que ya operan en otros aspectos igualmente violatorios de la soberanía nacional.

En su edición del día primero de marzo del diario La Jornada, en la sección de Opinión, se da cuenta de que en un vuelo de AeroMéxico de Monterrey a México el capitán advirtió a los pasajeros al llegar a esta ciudad que podrían ser objeto de una revisión realizada al azar por agentes de seguridad de Estados Unidos. Días después, el embajador en retiro Sergio Romero Cuevas me comentó que había tenido la misma experiencia en un vuelo de AeroMéxico de la ciudad de México a Monterrey. Estas son prácticas típicas y normales en un país bajo ocupación extranjera y deben erradicarse definitivamente de nuestro país.

Otro caso de vulneración de la soberanía nacional es la operación de agentes del Customs and Border Protection en aeropuertos internacionales del país, para filtrar pasajeros no sólo de vuelos a Estados Unidos sino incluso de vuelos intercontinentales que salen de México.

Hace algunos años mi esposa debía viajar por Air France a su país natal, Argelia, en compañía de nuestro hijo de cuatro años, ambos con sus pasaportes mexicanos ordinarios. Cuando la encargada de documentar el vuelo se dio cuenta del lugar de nacimiento de mi esposa le preguntó a su supervisor si podía documentarla. Su colega no pudo responderle, pero claramente escuché cuando le dijo: “Pregúntale al gringo de migración que está arriba.” La chica subió, obtuvo la autorización del agente estadunidense y documentó a mi esposa e hijo.

Este atentado contra la soberanía no se limita a México. Hace unas semanas se filtró a la prensa en Canadá que el parlamento consideraría la aplicación mismo esquema en ese país. El público respondió inundando con protestas escritas al gobierno de Trudeau, casi al mismo tiempo que en el Bundestag se producía un airado debate en el que se criticó duramente al gobierno de Angela Merkel por permitir, mediante el mismo sistema, la aplicación extraterritorial de disposiciones legales norteamericanas. En México debe detenerse esa práctica insultante.

Es necesario pues mantener un sano equilibrio de responsabilidades mutuas intra e inter-temas y evitar caer en concesiones unilaterales en las que México no sólo adopta el problema ajeno, sino que somete la vigilancia y supervisión de su manejo a autoridades extranjeras que operan en flagrante violación de nuestra soberanía. Ni en los peores momentos de la Segunda Guerra Mundial o de la Guerra Fría, había estado México tan infiltrado de agentes estadunidenses y colaboracionistas nativos como en los últimos diecisiete años. Esto debe cesar.

Pasemos ahora a otro tema: La sorprendente adopción de gestos de política exterior, inútiles por su escasísimo valor político que, en el mejor de los casos, constituyen una ganancia ínfima y marginal para Estados Unidos, pero no así para su relación con México, por la sumisión que implican y la pérdida enorme de prestigio -y el poder que en ello se sustenta-  de México.

Este es el caso de la expulsión del embajador de Corea del Norte, supuestamente como castigo simbólico por el lanzamiento en prueba de un cohete intercontinental por el gobierno de la República Popular y Democrática de Corea. Debemos recordar que días antes de esa decisión, el entonces Director de la Agencia Central de Inteligencia y ahora propuesto Secretario de Estado, Michael Pompeo, hizo una visita al Secretario Videgaray, al término de la cual aquél declaró a la prensa con gran desparpajo y cinismo que él no podía decir a México lo que tenía que hacer, sino limitarse a expresar lo que Estados Unidos esperaba que hiciese. Los estadunidenses pretendían crear una ola de actos oficiales para aislar a Corea del Norte. Sólo España y México respondieron al llamado. La aceptación por Trump de acudir a una entrevista personal con Kim-Yong-Um deja a nuestro país en una situación verdaderamente ridícula y embarazosa.

Otro caso fue el de la abstención de México en el voto de condena casi universal adoptado por la Asamblea General Especial Extraordinaria de Naciones Unidas con motivo de la decisión de Estados Unidos de trasladar su embajada a Jerusalén. La prohibición para todos los países del mundo de reconocer a Jerusalén como capital de Israel está dispuesta en la resolución 478 del Consejo de Seguridad que, conforme al artículo 25 de la Carta de Naciones Unidas, es obligatoria.

El gobierno de México pretendió explicar su voto de abstención con un argumento paradigmático de la impunidad, en el sentido que no era posible “estigmatizar “a un país que era indispensable para la solución del problema. En todo caso, Estados Unidos se “estigmatizó” a sí mismo por violar el derecho internacional y crear un problema.

No había ninguna justificación moral o jurídica para el voto de abstención de México, salvo la razón política de sumisión al interés de Estados Unidos.

Los intereses de México en estos temas son muy amplios. En el caso de Corea de Norte es un problema de proliferación de armas nucleares: un tema en el cual siempre hemos mantenido que debe observarse un cuidadoso equilibrio de obligaciones de los países poseedores de armas nucleares y los proliferantes.

No es políticamente aconsejable condenar sólo a una parte e ignorar las obligaciones asumidas por otros sin validar un pernicioso y desestabilizante oligopolio nuclear mundial.  Los países poseedores de armas nucleares tienen la obligación d emprender negociaciones destinadas a eliminar las armas nucleares, como lo dispone el Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares. Tampoco debe México soslayar los proyectos mega billonarios para modernizar los vastísimos arsenales nucleares con que cuenta Estados Unidos. Repito, no es posible condenar sólo a una parte e ignorar el incumplimiento de obligaciones por otro país, sin socavar el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares en cuya concepción y redacción México tuvo un papel decisivo.

En el caso de Jerusalén, disculpar a un país por su violación del derecho internacional debilita nuestra autoridad moral internacional y corrompe nuestro prestigio, dos importantes factores de poder para un país como México.

La próxima administración deberá hacer un cuidadoso análisis de los intereses de Estado y revertir las decisiones adoptadas en función de intereses de grupo o de partido.

En el caso de Venezuela, el Secretario Videgaray ha afirmado que la democracia representativa debe ser la única forma de gobierno que debe prevalecer en América Latina, pretendiendo negar a otros pueblos de América Latina y el Caribe el derecho del que goza el pueblo mexicano, conforme al artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En la misma línea de pensamiento, el entonces representante de México ante la Organización de Estados Americanos y actualmente Subsecretario para América Latina y el Caribe, afirmó el 24 de julio de 2017, que “insistimos que no puede ni debe invocarse el principio de no intervención para justificar alteraciones al orden democrático”.

En una carta dirigida a varios senadores de la República, un grupo de Embajadores de México en retiro hicieron un exhaustivo análisis jurídico en el que afirmaron que el artículo 89 fracción X de nuestra Carta Magna, al definir las facultades del jefe de Estado, indica que el presidente dirige la política exterior y añade que, en el cumplimiento de esta responsabilidad, “…observará los principios de autodeterminación de los pueblos, no intervención…”. La Constitución no establece una facultad potestativa, sino que asigna una obligación absoluta al Poder Ejecutivo de aplicar esos principios.

Los embajadores subrayaron que el principio de no intervención no sólo es una norma constitucional, sino que constituye una norma de derecho internacional reconocida como tal por la Corte Internacional de Justicia, el tribunal de más alta jerarquía mundial, en su sentencia Nicaragua vs Estados Unidos de 1986.

En dicha sentencia, la Corte estableció que una intervención afecta cuestiones sobre las que un Estado, en virtud del principio de soberanía del Estado, debe decidir libremente. Una de estas cuestiones, añade, es escoger libremente su sistema político, económico social y cultural, así como la formulación de su política exterior.

También dijo la CIJ que el principio de respeto a la soberanía de los Estados está, en derecho internacional, estrechamente relacionado con el principio de no intervención.  En otras palabras, no se puede violar el principio de no intervención sin violar los principios de igualdad soberana de los Estados y de respeto a la soberanía del Estado.

A la luz de lo anterior, las declaraciones que analizamos son, en el mejor de los casos, un frustrado intento para justificar retóricamente lo injustificable jurídicamente e, implícitamente, justificar a priori una eventual intervención extranjera en México si se ejerce el derecho reconocido en el artículo 39 de la Constitución

Otro aspecto importante es el de la transformación de la frontera de México con Guatemala y Belice en la frontera sur de Estados Unidos. El concepto de “fronteras avanzadas” de Estados Unidos se adoptó como un elemento vital de la guerra antiterrorista para mantener cualquier supuesta amenaza de ataque “terrorista”, o sea musulmán, lo más alejado posible de las fronteras políticas de Estados Unidos.

Varios de los temas que hemos examinado hoy aquí se han concebido y se han aplicado dentro de ese esquema.  Pero el proyecto sobre la frontera sur se extendía a los movimientos migratorios, en los que el gobierno de México ha jugado un papel de represor  mercenario, como le llamó un periodista norteamericano. El reciente evento de la caravana Pueblo sin Fronteras, que tanto indignó a Trump, puso de manifiesto, no sólo la rapidez con que el INM cercó -o como se dice ahora, “encapsuló”- al contingente, deportó a un buen número de participantes y dispersó al resto, sino también su estrecha colaboración en la identificación y fichaje de los caravaneros con huellas dactilares y lecturas del iris y la entrega de los datos al Immigration and Border Enforcement.

Adicionalmente, el gobierno de Estados Unidos ha financiado la creación de 12 bases fluviales militares en los ríos Suchiate y Usumacinta y el establecimiento de tres líneas de vigilancia a lo largo de más de 100 kilómetros cerca de las fronteras con nuestros vecinos del sur. A esto hay que añadir la construcción en curso de un cuartel general de la SEDENA en Chiapas y la presunta supervisión de las operaciones militares mexicanas en la zona por el Comando Sur de las fuerzas armadas estadunidenses.

Esto nos ayuda a explicar el otrora inexplicable silencio del gobierno de México ante la militarización de la frontera por Estados Unidos

La situación de seguridad en la frontera sur requerirá de una atención urgente en función de los intereses nacionales de México y no enfocarla como un accesorio de los intereses de seguridad de Estados Unidos.

México tradicionalmente ha manejado de manera inteligente los límites que imponen la geografía y la enorme disparidad de poderío, y demostrado que es posible y deseable llevar a cabo una relación de decencia y honestidad con independencia, en donde la cooperación no implique la entrega de soberanía. La sumisión ante Trump no supone una recompensa, sino mayores humillaciones, porque su mentalidad sólo ve una ganancia como escalón para otra y el supuesto segmento moderador dentro de la Casa Blanca o el gabinete sólo introducen matices en lo que ya es una línea definida de gobierno.

No debemos soslayar que Estados Unidos se encuentra en la peligrosa reformulación de su política exterior para revertir su repliegue mundial, mediante el desesperado intento de recuperar una posición preponderante sobre nuevas bases que hacen a un lado el derecho y la diplomacia, para hacer valer únicamente la fuerza y las actividades de su vasta y poderosa maquinaria de penetración en las élites políticas y los poderes fácticos, así como la desestabilización y la subversión por operaciones encubiertas.  La Estrategia Nacional de Seguridad de Trump parte de la visión de un Estados Unidos acosado, con fronteras vulnerables y un enorme poderío destructor. Una peligrosa combinación.

Estamos inmersos en un mundo muy diferente y debemos obrar en consecuencia. México debe salir fortalecido del desagradable episodio de Trump, en la inteligencia que republicanos y demócratas no difieren en cuanto a política hemisférica.

Todo ello debe llevar a México a fortalecer sus relaciones con los nuevos centros de poder mundial, el derecho internacional y las instituciones multilaterales como única opción racional para presentar una firme e inalterable posición basada en la dignidad, con un amplio apoyo popular y con el sólido bagaje jurídico internacional acumulado en los últimos 70 años. Para México no hay otra opción digna y viable.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

México: Principales logros de su diplomacia multilateral*

México: Principales logros de su diplomacia multilateral

por Francisco Correa Villalobos, Embajador de México en retiro 

Introducción

Los organismos internacionales han sido posiblemente el mecanismo más dinámico y eficiente con que ha contado México para promover y defender sus intereses nacionales en el exterior, y el medio de contacto ideal con la totalidad de la comunidad internacional respecto de temas globales de interés común. Es en los organismos internacionales donde se desarrollan, se crean y codifican las normas que regulan la convivencia internacional en todos los aspectos del quehacer cotidiano de los países, se propicia la búsqueda de soluciones pacíficas a las controversias y se pueden adoptar medidas colectivas para restablecer la paz cuando se ha quebrantado o cuando uno o varios países representan una amenaza a la paz y seguridad del resto.

La evolución de los organismos internacionales ha sido lenta a través de la historia y alcanzó esplendor en la segunda mitad del siglo XX. En la actualidad el mundo se enfrenta a retos que pretenden sustituir el multilateralismo democrático con la unilateralidad de la fuerza. A continuación, se resumen los principales temas en que ha destacado México de manera sobresaliente en los organismos internacionales.

 

Inicios

El primer esquema de negociación multilateral en el que participó México nació bajo la marca de la dominación hegemónica regional. Al igual que otros conceptos de igual signo en uso a finales del siglo XIX como el pangermanismo y el paneslavismo, el panamericanismo denotaba el exclusivismo de la dominación ante otras aspiraciones de origen imperial. Para Estados Unidos, el panamericanismo representaba un corolario de su llamada Doctrina Monroe y un instrumento para promover su comercio e inversiones en los países latinoamericanos, dos cuestiones que, a su vez, planteaban los espinosos problemas de la solución de diferencias por reclamaciones y los privilegios de los inversionistas extranjeros frente a los nacionales.

“Si bien el gobierno de Porfirio Díaz fue en extremo pródigo en privilegios al capital extranjero, a costa incluso de los principales atributos de la soberanía nacional, sus delegados en las primeras conferencias panamericanas sostuvieron posiciones que reafirmaban la superioridad del derecho interno y la igualdad de trato a nacionales y extranjeros.”[1]

La etapa armada de la Revolución marcó una pausa en la actividad multilateral de México, pero su interacción con Estados Unidos consolidó la formulación de principios jurídicos que normaron su posición en el propio sistema interamericano, en la Sociedad de Naciones y en los organismos internacionales subsecuentes durante muchos años.

Ante la intervención armada bajo el comando del general John Pershing y la invasión de Veracruz, México desarrolla y antepone principios jurídicos que surgieron de la experiencia del país en el siglo XIX y que después adquirieron categoría universal mediante la acción de los organismos internacionales, como el principio de no intervención y el de la inadmisibilidad de toda ocupación de territorio extranjero, fuere cual fuese el motivo.[2]

El intento de algunos países latinoamericanos y Estados Unidos de mediar en el conflicto revolucionario, motivó el rechazo de Venustiano Carranza, a pesar de que la pretensión mediadora le favorecía, con el argumento de que “la simple discusión internacional de estas cuestiones (internas) lesionaría de la manera más profunda la independencia de la república, y sentaría el precedente de la intromisión extranjera para resolver sus asuntos interiores.” [3]

El fin de la lucha armada, la adopción de la Constitución Política, la lenta pero inexorable  consolidación de los gobiernos revolucionarios y la normalización de las relaciones con Estados Unidos, aun a costa de importantes postulados del movimiento revolucionario y de la Constitución[4], se reflejan en su activismo en el plano regional durante las  Conferencias de La Habana y Montevideo en 1928 y 1933, respectivamente, en las que, con la fuerte presión conjunta de los países latinoamericanos, se acuerda la inadmisibilidad de la intervención en sendas declaraciones que contienen la definición del principio de no intervención.

Sociedad de Naciones

México ingresa a la Sociedad de Naciones en 1931 con una reserva expresa sobre el artículo 21 del Pacto que declaraba a la Doctrina Monroe como un compromiso o como una “inteligencia” regional.

El fortalecimiento de los movimientos nacionalistas de derecha y militaristas en Europa y Japón, coincidieron con la acción, en ocasiones violenta, de grupos de idéntico signo en México que afectaban el proceso de consolidación de los gobiernos emanados de la revolución. La guerra cristera, el activismo político-religioso de la organización de los Caballeros de Colón y la subversión urbana y armada de Los Dorados, constituían la continuidad de una corriente política decimonónica que estuvo fuertemente ligada al régimen de Porfirio Díaz y que, en ese momento, se engarzaba con las corrientes nacionalistas de derecha de Europa.

Mientras los países europeos vacilaban en virtud de cálculos de conveniencia momentánea, México condenó la invasión de Japón a China en 1931, estuvo solo en la defensa de Etiopía contra la invasión de Mussolini, como lo estuvo en la condena de la anexión de los sudetes en Checoslovaquia y de Austria por la Alemania nazi. Su apoyo fue claro, incontrovertible, material y político a la República Española contra el fascismo criminal encabezado por Francisco Franco, indirectamente apoyado por un Comité de No Intervención de la Sociedad de Naciones, al que México opuso una posición basada en el principio de que no se puede equiparar al agredido con el agresor.[5] México nunca tuvo relaciones diplomáticas con el gobierno de Franco y abrigó hasta la muerte de éste en 1975 una embajada de la República Española.

La aplicación coherente y consistente durante años en el sistema de la Sociedad de Naciones de los principios jurídicos desarrollados durante la Revolución, confirieron a nuestro país un prestigio y un peso político que superaba con mucho el peso específico de su desarrollo económico y fortaleza militar. Se ha malinterpretado ese prestigio como un liderazgo que en realidad nunca ejerció, pues la mayor parte de las veces actuó en soledad en la Sociedad de Naciones respecto de otros países latinoamericanos o de un desarrollo equiparable. Ese prestigio, aunado a la extraordinaria proyección cultural de México, fue un factor importante que llevó en 1948 a Jaime Torres Bodet a la Dirección General de la UNESCO, tres años después de la Segunda Guerra Mundial, un puesto que hasta la fecha es el único que ha recaído en un latinoamericano.[6]

 

NACIONES UNIDAS

Consejo de Seguridad

Durante la guerra, México había colaborado estrechamente con Estados Unidos en el esfuerzo bélico para derrotar a los países del Eje, más en el plano económico que en el militar, mediante un flujo ininterrumpido de petróleo y minerales. A terminar el conflicto armado, México inició un ambicioso programa de desarrollo industrial con empresas estatales. El gobierno mexicano seguía una cuidadosa política de doble vía en sus relaciones con Estados Unidos, en la que la amistad y cooperación no interferían con una celosa defensa de la soberanía y la independencia política. En el panorama mundial, el paso de la cooperación a la competencia, el enfrentamiento político y la tensión militar entre Estados Unidos y la Unión Soviética definió radicalmente dos espacios geopolíticos en el orbe que limitaban la acción independiente de los países medianos y pequeños.

1946-1947

Estos factores se combinaron en la primera actuación de México en el Consejo de Seguridad en 1946-1947 como miembro no permanente. Su actividad fue intensa en el proceso de descolonización y en el fortalecimiento de los métodos de solución pacífica de controversias, particularmente entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que quedaba paralizado por la interposición del veto. Para solucionar ese escollo, México insistió en que dichas controversias se examinaran en el seno de la Asamblea General, a lo que las mismas grandes potencias se opusieron. La frustración y los riesgos políticos de provocar presiones irresistibles de Estados Unidos condicionaron el alejamiento de México durante más de treinta años del Consejo de Seguridad.[7] La expresión de los criterios independientes de México se trasladó a la Asamblea General, donde podía manifestarse conjuntamente con otros países de opinión similar.

1980-1981

México regresa al Consejo de Seguridad 33 años después en 1980 en ambientes interno e internacional diferentes a los de 1946. Los países en desarrollo actuaban con cierta coordinación organizados en los Grupos de Países No Alineados y de los 77; la caída del Sha de Irán había modificado la ecuación política en el Medio Oriente; Cuba extendía su influencia al África y los gobiernos sudafricano y rhodesiano se encontraban más aislados, mientras en Nicaragua se había instalado el segundo gobierno de extrema izquierda en América Latina. México recogía los beneficios de los altos precios del petróleo y se fortalecía la industria estatal al tiempo que abiertamente apoyaba el derrocamiento de la dictadura Somoza en Nicaragua y el presidente nombraba como Secretario de Relaciones Exteriores y como embajador en la ONU a un diplomático y a un político nacionalistas, respectivamente.

El activismo de México en el Consejo de Seguridad fue extraordinario. El embajador Porfirio Muñoz Ledo mantuvo al Consejo en sesión casi permanente y en los casos de la anexión por Israel de Jerusalén y el Golán, México emitió votos favorables a las condenas y no reconocimiento sin desatar la ira abierta y las presiones combinadas de Estados Unidos, Israel y la comunidad judía norteamericana.  México asumió posiciones coherentes basadas en principios de condena en los casos de la invasión de Afganistán por la Unión Soviética y por el apoyo occidental a Sudáfrica a su invasión a Angola y la denegación de independencia a Namibia.

2002-2003

México volvió a ocupar un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad en los años 2002 y 2003, con una elección que coincidió con la asunción al poder del partido Acción Nacional en diciembre de 2000 y que causó tensiones con la República Dominicana que había presentado su candidatura dentro del Grupo Latinoamericano con anticipación a la de México. El temario durante el mandato de México en el Consejo de Seguridad estuvo dominado por el acoso militar y radical boicot económico contra Irak que se inició a raíz de la invasión de Kuwait en 1991 y se acentuó con la supuesta decisión de Sadam Hussein de asesinar al presidente Bush padre en 1993. En diciembre de 2000, George W. Bush hijo decidió producir un cambio de régimen en Irak[8].

Estados Unidos adoptó una política de unilateralidad en el uso de la fuerza intentando la autorización del Consejo de Seguridad para invadir Irak y advirtiendo que lo haría solo si no la obtenía.[9] México cuestionó repetidamente la validez de los argumentos norteamericanos para justificar la invasión y anunció su votó en contra del proyecto de resolución presentado por Estados Unidos, Gran Bretaña y España. Estos países optaron por invadir ilegalmente a Irak. Posteriormente, México votó a favor de autorizar a la coalición de países invasores actuar como gobierno provisional en ese país.[10]

2009-2010

México fue electo miembro no permanente del Consejo de Seguridad por cuarta vez en 2008. Participó en el examen y decisión de las cuestiones de seguridad internacional sometidas a la atención de dicho órgano y tuvo un papel destacado en el tema de los niños en los conflictos armados, acerca del cual fue autor de un proyecto de resolución aprobado por el Consejo, que se convirtió en la resolución 1882 sobre Niños en los Conflictos Armados que, i.a., obliga al Secretario General a establecer un “Mecanismo de Supervisión y Presentación de Informes sobre niños en situaciones de conflicto”.[11]

 

DESARME

El tema del desarme ha sido uno de los que más prestigio a dado a México en el mundo. Uno de sus delegados más destacados, Alfonso García Robles, fue distinguido con el Premio Nobel de la Paz en 1982, por su excepcional desempeño en ese ámbito, en particular en la concepción, diseño, negociación y conclusión del Tratado para la Desnuclearización de América Latina, (Tratado de Tlatelolco),[12] ejemplo que fue seguido en otras regiones.

La negociación del Tratado de  no Proliferación de las Armas Nucleares  fue otro tema de desarme de importancia crucial en el que sobresalió el papel de México, en particular en lo que se refiere al equilibrio de obligaciones y responsabilidades entre potencias nucleares y no nucleares, en particular, el derecho inalienable de todas las partes a desarrollar la investigación, la producción y la  utilización de la energía nuclear con fines pacíficos sin discriminación, el compromiso de facilitar el intercambio y transferencia de tecnología nuclear a los países en desarrollo (artículo IV), el derecho de los países no poseedores de  armas nucleares a los beneficios de las explosiones nucleares con fines pacíficos (artículo V) y el compromiso de las potencias nucleares de emprender negociaciones para cesar la carrera de armas nucleares, para el desarme nuclear y un tratado de desarme general y completo (artículo VI). Poco antes de la primera Conferencia de Revisión de Tratado algunos países en desarrollo advirtieron que denunciarían el tratado si no se cumplían los artículos IV, V y VI, lo que desató contra ellos una ola de fuertes presiones de los países poseedores de armas nucleares que les hizo desistir de su propósito.[13] Subsecuentes conferencias de revisión se han limitado a renovar la vigencia del tratado, pero no han llegado a un acuerdo en un documento final sobre el incumplimiento de dichos artículos.[14]

 

DESARROLLO Y CODIFICACION DEL DERECHO INTERNACIONMAL.

La Comisión de Derecho Internacional fue creada por la Asamblea General de las Naciones en 1947 con el fin de realizar estudios y hacer recomendaciones con el fin de promover el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación. En el cumplimiento de su mandato son numerosos los tratados que han aprobado las Naciones Unidas sobre proyectos elaborados por la Comisión. Sus 34 miembros son electos a título personal por cinco años por la Asamblea General entre individuos que posean competencia y calificaciones reconocidas en la doctrina y aspecto prácticos del derecho internacional, sobre una base de representación geográfica equitativa. Han sido seis los mexicanos electos para formar parte de ella: Roberto Córdova (1949-1954), Luis Padilla Nervo (1955-1963), Jorge Castañeda (1967-1986), Bernardo Sepúlveda (1987-1991), Alberto Szekely (1992-1996) y Juan Manuel Gómez-Robledo (2012-2017).[15]

El desarrollo y la codificación del derecho internacional también se han realizado mediante la acción de órganos políticos y técnicos de las Naciones Unidas, como la Organización Internacional del Trabajo, la UNESCO, La Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Organización Marítima Internacional, etc., y la propia Asamblea General. En el trabajo realizado por esta última debe mencionarse tanto la Declaración sobre los Principios de derecho internacional referentes a las Relaciones de Amistad y Cooperación entre los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, que la Corte Internacional de Justicia reconoció como fuente del derecho internacional, de acuerdo con su propio Estatuto[16], como la Definición de la Agresión, en cuyas negociaciónes participó destacadamente el gobierno de México. .[17]

 

DERECHO DEL MAR

La contribución de México al desarrollo y codificación del derecho internacional aplicable a los espacios marinos y su aprovechamiento en beneficio directo de México, es sin duda la más importante en el análisis de su papel en los organismos internacionales, por su impacto en el desarrollo del país y en el andamiaje de normas jurídicas que rigen ese espacio a nivel mundial. La complejidad de los múltiples temas que comprende el derecho del mar y los fuertes intereses nacionales involucrados en las numerosas posiciones y las creativas soluciones para definir intereses de terceros, conciliar posiciones y  promover con ellas  los intereses de México, son un testimonio del alto nivel profesional y de la rica y fina imaginación jurídica de los delegados mexicanos que participaron en las negociaciones realizadas bajo el manto de las Naciones Unidas desde 1958 hasta 1982.

Con fundamento en el acuerdo consignado en la Convención sobre el Mar Territorial de 1960 acerca del sistema de líneas de base para medir la anchura de dicho espacio marítimo, México convirtió en 1968 el Golfo de California a la altura de las islas que forman un arco en el que la Isla de Tiburón es la más grande, en un mar interior, es decir, en una parte integral del territorio nacional con todos los atributos de soberanía que sobre éste se ejercen.

El gran impulso para arribar a un acuerdo mundial sobre el régimen jurídico del mar se inició en 1967 con un discurso de cuatro horas del delegado de Malta, Arvid Pardo, en la XXII Asamblea General sobre la inmensa riqueza mineral de los fondos marinos y la importancia de explotarlos en beneficio de toda la humanidad bajo el esquema de una empresa de participación mundial. Con la creación de un Comité de los Fondos Marinos y posteriormente de una Comisión más amplia en composición y temática se abordaron las cuestiones del mar territorial, la plataforma continental, los fondos marinos y un sinnúmero de temas conexos.

En el marco del Comité Preparatorio de la Tercera Conferencia de las naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, México hizo una importantísima aportación en la concepción y adopción de  la figura jurídica de la Zona Económica Exclusiva, a la cual se llegó paulatinamente a lo largo de varios años de negociaciones que tenían como telón de fondo la aspiración de países costeros en desarrollo para modificar la inequitativa distribución mundial de la riqueza que, en el caso de las  pesquerías, se manifestaba en la explotación abusiva por las grandes flotas pesqueras de los países desarrollados, amparados en el principio de libertad de los mares allende el mar territorial.[18]

Algunos países latinoamericanos fueron los primeros en reaccionar ante esta situación proclamando un mar territorial de 200 millas, lo que provocó un fuerte rechazo de los países desarrollados porque implicaba restringir la libertad de navegación sobre una extensa zona. Todo ello parecía no llevar a ninguna parte. Otros trece países latinoamericanos, reunidos en Santo Domingo en 1972, adoptaron una posición promovida  por México, Colombia y Venezuela, que  recibió el nombre de ”patrimonialista” en virtud del concepto de mar patrimonial,  consistente en que lo importante era reservar la exclusividad de explotación de los recursos vivos hasta una distancia de 200 millas y no reclamar plena soberanía sobre las 188 millas en exceso del mar territorial.[19] Más adelante esta posición adoptó el nombre de Zona Económica Exclusiva que abarcaba los recursos vivos y minerales.

En noviembre de 1975 el Presidente envió al Congreso una iniciativa de decreto para adicionar el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer una Zona Económica Exclusiva a lo largo de las costas el país y un proyecto de Ley Reglamentaria del párrafo 80 de dicho artículo. Ambas iniciativas fueron aprobadas por el Congreso y publicadas en el Diario Oficial el 6 de febrero de 1976. Con este acto, el territorio nacional casi se duplicó en extensión para fines de explotación de recursos vivos y minerales y permitió cerrar el Golfo de California en su mitad sur, para efectos económicos realizados por personas o entidades extranjeras. La libertad de navegación o paso inocente quedan restringidos ya que carecen de sentido porque el golfo es cerrado. La libertad de navegación sólo se aplica cuando los buques se dirigen a puertos mexicanos.[20]

En aplicación de la Zona Económica Exclusiva. México concluyó sendos tratados con Estados Unidos y Cuba en 1976 para fijar límites decrecientes de captura de camarón por parte de esos países en dicha Zona, los cuales fenecieron en 1979. Con ello, dicha Zona quedó limitada a la explotación exclusiva por mexicanos.[21]

Las aportaciones de México en el resultado final de las largas y complejas negociaciones de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en relación con la plataforma continental, el régimen de alta mar y el régimen de los fondos marinos, fueron igualmente significativas. Los lectores interesados en profundizar sobre el papel de nuestro país en estos temas pueden acudir al volumen II de las Obras Completas de Jorge Castañeda aquí citadas.

 

El Sistema Interamericano

Durante más de cien años, el sistema multilateral regional, conocido en su origen como panamericano y, después como sistema interamericano, representó para México y, de manera irregular, para muchos países latinoamericanos, una arena de confrontación política, económica y jurídica frente a Estados Unidos. Como se expuso al inicio de este ensayo,[22] el sistema panamericano nació marcado por la oposición de intereses comerciales y financieros y sus derivaciones jurídicas sobre la solución pacífica de controversias y el status jurídico de los inversionistas extranjeros. Los grandes hitos de las reuniones panamericanas en el primer cuarto de siglo fueron doctrinas que reafirmaban los intereses latinoamericanos, tales como las doctrinas Calvo y Drago. Más adelante, en los años veinte y principios de los treinta, la cuestión de la no intervención fue el tema más importante de esas reuniones. Estas cuestiones se convirtieron al finalizar la Segunda Guerra Mundial y con motivo de la tarea de institucionalización del sistema multilateral continental mediante la Carta de la OEA y el Pacto de Bogotá, en los temas más distintivos de la estructura multilateral del hemisferio.

La Guerra Fría produce en el continente el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de 1947, un instrumento de legítima defensa colectiva que se convierte en uno de intervención colectiva para provocar cambios de régimen que no se ajustaban a los intereses norteamericanos, como los casos de Guatemala en 1954, Cuba después de 1959 y de República Dominicana en 1965. La pretensión de Estados Unidos y de otros países latinoamericanos en esos momentos, de que el Órgano de Consulta podía adoptar medidas coercitivas en casos diferentes al de una agresión armada, fue duramente criticada y rechazada por México.[23]

El paulatino pero acentuado declive de la Unión Soviética en la década de los ochenta y noventa, no atenuó la implacable política norteamericana de oposición contra gobiernos y movimientos armados latinoamericanos de signo ideológico antagónico, como fue el caso de Nicaragua y las guerrillas colombiana y peruana. Al mismo tiempo, los estamentos militares latinoamericanos, aunque fortalecidos materialmente, fueron dejando de lado ambiciones políticas que les resultaban contraproducentes por el rechazo continental casi unánime. Ello abrió espacios a la definición de mecanismos para resguardar los gobiernos electos de Latinoamérica de ambos riesgos, el primero de los cuales quedó consignado en la resolución 1080 de la Asamblea General de la OEA en 1991 y, posteriormente, en la reforma al artículo 9 de la Carta de la organización de 1992, que prevé la suspensión en la OEA de un Estado miembro cuyo gobierno democráticamente constituido haya sido derrocado por la fuerza. Más adelante, en 2001, en el marco de una Cumbre de las Américas, se instruyó a los ministros de relaciones exteriores para que preparasen una Carta Democrática Interamericana (CDI) que fue adoptada en Lima, Perú, en septiembre de ese mismo año como resolución de una Asamblea General Extraordinaria.

En sus primeros 16 artículos la Carta Democrática  hace un inventario de los compromisos  que  asumen los gobiernos para el logro de las características y  objetivos de una  democracia representativa en lo que se refiere a derechos humanos, libertades fundamentales, la realización de elecciones periódicas, justas, universales y libres, pluralidad de partidos, transparencia, probidad, respeto a los derechos  sociales, libertad de expresión y prensa, combate a la pobreza y bajos niveles de desarrollo humano, empleo productivo, erradicación de pobreza extrema, protección del medio ambiente, etc. Pero el mecanismo de sanción contra un Estado se pone en marcha única y exclusivamente cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, o cuando exista una ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado Miembro.[24]

Existen opiniones diferentes sobre la obligatoriedad de la CDI. Sobre este particular, el Comité Jurídico Interamericano ha, opinado que, además de contradicciones entre los artículos 17 a 22 de la CDI y el artículo 9 de la Carta de la OEA, “parecería necesario que se aclare el carácter y efecto que se pretende dar a la Carta Democrática Interamericana en lo que se refiere a estas disposiciones. Si se piensa que debe constituir una declaración de intención formulada a través de una resolución, sin efectos inmediatos, cuya vigencia jurídica queda sujeta a la posterior enmienda de la Carta de la Organización, esto debería aclararse en su mismo texto,” y que “si se espera su vigencia jurídica inmediata, sería necesario armonizar esas disposiciones con la Carta de la Organización, ya que ésta prevalece sobre cualquier decisión de uno de sus Órganos.”[25] Las contradicciones señaladas por el CJI en el proyecto no fueron subsanadas en la versión final. Mientras el artículo 9 de la Carta prevé la suspensión de un Estado como miembro de la OEA cuando “un gobierno democráticamente constituido sea derrocado por la fuerza”, el artículo 21 de la CDI dice que la suspensión procederá cuando la Asamblea General “constate que se ha producido la ruptura del orden democrático”.[26]

La CDI se ha invocado en los casos de Bolivia (2003, 2005, 2008), Ecuador (2005, 2010), Honduras (2009), Nicaragua (2004, 2005), Perú (2004), Venezuela (2002, 2016).

La posición del Gobierno de México sobre la crisis política en Venezuela ha evolucionado paulatinamente. En febrero de 2016, la entonces Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, recibió a Lilian Tintori, una activista de la oposición venezolana, esposa de un connotado dirigente político preso, reunión en la que Ruiz Massieu hizo votos por que la crisis se resolviera por la vía del diálogo y con apego al Estado de Derecho.[27] Al año siguiente, en abril de 2017, el presidente Enrique Peña recibió a la señora Tintori, reunión sobre la cual el propio presidente dijo en su cuenta de Twitter que confiaba en que “mediante el acuerdo entre las partes, sean los venezolanos quienes restablezcan la normalidad democrática”, en un juicio que podría interpretarse que implícitamente afirmaba que se había afectado o roto el orden democrático, supuestos previstos en la CDI para aplicarla.[28] El gobierno venezolano rechazó estas reuniones como intromisiones en sus asuntos internos.

En la OEA, México intentó promover gestiones colectivas de mediación que fueron rechazadas por Venezuela con base en el artículo 18 de la misma CDI, que dispone el consentimiento previo del Estado. Venezuela decidió retirarse de la organización a fin de vaciar de contenido el objetivo de expulsarla. En la Asamblea General Extraordinaria celebrada en Cancún en 2017 no se reunió el número necesario de dos tercios de votos para imponer una gestión de buenos oficios. En todo ello influyó decisivamente el activismo político favorable a la oposición del Secretario General de la OEA.

En agosto de 2017 doce países latinoamericanos, incluyendo México, formaron el Grupo de Lima al margen de la OEA para promover la restauración de la normalidad democrática en Venezuela.

El Gobierno de México no ha emitido ningún documento que analice, explique o justifique ante la opinión pública mexicana su posición ante el caso Venezuela. El discurso del entonces Representante Permanente de México ante la OEA, Embajador Alfonso de Alba Góngora, y ahora Subsecretario para América Latina y el Caribe, pronunciado el 24 de julio de 2017 en una reunión de la Comisión Permanente de la OEA, constituye la explicación más accesible.[29]

ASUNTOS ECONÓMICOS

México ha desempeñado un papel importante en la promoción de los intereses de los países en desarrollo desde los años sesenta del siglo XX en Naciones Unidas. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados representaron en su momento hitos que, aunque superados por la unipolaridad política y el libre movimiento de capitales, fueron precedentes de instituciones multilaterales ulteriores en cuya definición México aportó su importante concurso.

Con 12 tratados de libre comercio que cubren 46 países, México es uno de los que tienen más acuerdos bilaterales y multilaterales de este tipo en todo el mundo. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en vigor desde 1994, fue la culminación de una iniciativa del presidente de México que ha constituido el motor de la economía nacional desde entonces y el precedente de otros acuerdos en todo el mundo. El más importante de ellos es el Tratado de Asociación Transpacífico.

El Tratado de Asociación Transpacífico (TAP o TPP)

Este tratado incluía originalmente a 12 países[30] que representaban el 40% del comercio mundial y su negociación concluyó en octubre de 2015. Fue promovido con gran interés por Estados Unidos y Japón para contrarrestar la penetración económica y la influencia política de China en un número de importantes países asiáticos y abrirlos predominantemente a la producción agropecuaria de Esta dos Unidos.[31]

El cambio de gobierno de Estados Unidos trajo consigo su retiro de este proyecto antes de que se discutiera en el Congreso, desatando un debate interno multifaccional. Los once países restantes decidieron en noviembre de 2017 ajustar el tratado y seguir adelante con el mismo. México tiene acuerdos de libre comercio con cuatro de los once países -Canadá, Chile, Japón y Perú- y le abre extensos mercados en los siete restantes.

_____________________ 

[1] Castañeda. Jorge, Obras Completas. Volumen III Política Exterior y Cuestiones Internacionales. IMRED. SRE. El Colegio de México. pp 37 y ss.

[2]  A/RES/ 3314(XXIX) Definición de la agresión. Artículo 3 (a), (e).  Artículo 21 de la Carta de la OEA.

[3] Castañeda, Ídem, p 44

[4] Para un análisis de los llamado Tratados de Bucareli, véase Castañeda, Ídem, pp. 48 y ss.

[5] En 1962, el Emperador Haile Selasie hizo una visita oficial a México en agradecimiento al papel de nuestro país en la defensa de Etiopía en la Sociedad de Naciones e inauguró la Plaza Etiopía en la ciudad de México.  A su regreso, dio a una plaza el nombre de México en Addis Abeba. En 1956, la ciudad de Viena decidió dedicar a México una plaza que se encuentra actualmente frente a la Oficina de las Naciones Unidas, al otro lado del Danubio, en recuerdo de nuestra declaración contra el anschluss.  A iniciativa de la Embajada de México, en 1985 se erigió un monumento alusivo a ese hecho. Al autor le consta que, en ocasiones, y hasta la fecha, individuos o grupos nazis, pintan suásticas en el monumento.

[6] http://www.unesco.org/new/es/unesco/about-us/who-we-are/director-general/the-organization/the-directors-general/

 

[7] Guadalupe Vautravers-Tosca y Agenor González-Valencia, “La membresía de México en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, en Convergencia vol.19 no.58 Toluca ene./abr. 2012.  Héller, Claude, “México y el Consejo de Seguridad”, en México en las Naciones Unidas: México: Archivo Histórico Diplomático Mexicano, Secretaría de Relaciones Exteriores. 1986

 

[8] Un mes más tarde, en febrero 2001, Bush hizo una visita al presidente Vicente Fox en Guanajuato en la misma fecha en que se producía un intenso bombardeo de aviones de EUA y Gran Bretaña sobre Bagdad. Fox se excusó de dar respuesta a una pregunta si endosaba el ataque, pero posteriormente la SRE dijo que, conforme a las decisiones del Consejo de Seguridad, Irak debía respetar las zonas de exclusión aérea, razón que invocaron EUA y GB para justificar el ataque con base en la resolución 688 del Consejo de Seguridad. Ni dicha resolución ni ninguna otra anterior a la visita hacía mención a no fly zones

http://www.proceso.com.mx/184889/bush-autorizo-el-ataque-a-irak-dias-antes-de-su-visita. FBI Study. “How Do We Know that Iraq Tried to Assassinate President George H.W. Bush? http://historynewsnetwork.org/article/1000. https://publications.parliament.uk/pa/cm199900/cmselect/cmdfence/uc453/uc45302.htm.

http://www.casi.org.uk/info/undocs/gopher/s91/5

[9] The National Security Strategy of the United States of America 2002 https://www.state.gov/documents/organization/63562.pdf

Noam Chomsky, Hegemonía o Supervivencia, Ediciones B, S.A., Barcelona, 2016, pp 21 y ss.

[10] Vautraubes y Agenor. Op. Cit.

[11] Ídem.

[12] Un resumen por el Embajador Alfonso García Robles de los trabajos que condujeron al Tratado de Tlatelolco puede encontrarse en http://www.opanal.org/la-proscripcion-de-las-armas-nucleares-en-la-america-latina/

[13] Jorge Castañeda, La No Proliferación de las Armas Nucleares en el Orden Universal, El Colegio de México, 1969.

[14] http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=NPT/CONF.2015/50(PartIII)

[15] http://legal.un.org/ilc/

[16] S/18221, 11 de julio de 1986. International Court of Justice. Year 1986, 27 June 1986. Case concerning military and paramilitary activities in and against Nicaragua, (Nicaragua vs United States of America).

[17] A/RES/3314(XXIX)

[18] Jorge Castañeda, “La Zona Económica Exclusiva y el Nuevo Orden Económico Internacional” en Jorge Castañeda, Obras Completas II, Derecho del Mar, Instituto Matías Romero, El Colegio de México, 1993, pp 119 y ss

[19] Íbid

[20] Jorge Castañeda, “México y el Nuevo Derecho del Mar” en Jorge Castañeda, op. Cit., pp 195 y ss.

[21] Ibídem.

[22] Ver supra p.1

[23] Antonio Gómez Robledo, La Seguridad Colectiva en el Continente Americano, Universidad Nacional Autónoma de México. México 1960. Jorge Castañeda, “Legítima Defensa Colectiva y Acuerdos Regionales” en Obras Completas, Tomo II Naciones Unidas. Secretaría de Relaciones Exteriores, El Colegio de México. México 1995, pp. 187 y ss.

[24] Artículos 17 a 22 de la Carta Democrática Interamericana.

[25] Comité Jurídico Interamericano. Observaciones  específicas sobre los artículos: Proyecto de Carta Democrática Interamericana en  Carta Democrática Interamericana: Documentos e Interpretaciones https://www.oas.org/oaspage/esp/Publicaciones/CartaDemocratica_spa.pdf, pp 253 y ss.

[26] Para una opinión que difiere de la del Gobierno de México sobre el caso de Venezuela, véase https://mexinternacional.mx/2017/08/24/carta-a-senadores-de-la-republica/  de un grupo de Embajadores de México en retiro.

[27]http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=761982&md5=159975c41b4caba58654b19ad61461ec&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=a995c55b6952a851b9abb27f641b4e0f

[28] http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/04/06/1156392

[29] https://mexinternacional.mx/2017/11/16/discurso-del-representante-de-mexico-en-la-oea-el-24-de-julio-de-2017/  Para una opinión disidente ver https://mexinternacional.mx/2017/08/24/carta-a-senadores-de-la-republica/

[30]  Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam.

[31] http://www.eitb.eus/es/noticias/economia/detalle/3521678/ttp-tratado-asociacion-transpacifico–acuerdo-12-paises/

 

  • Este  texto figurará como capítulo del libro Manual de Iniciación Diplomática que publicará próximamente la Secretaría de Relaciones Exteriores.

¿Puede el Presidente de Corea del Sur poner fin a la crisis?

South Korean President Moon Jae-in

Uno de los apóstoles de las relaciones públicas de Estados Unidos dijo no hace mucho, en el más puro estilo goebeliano que “la manipulación consciente e inteligente de los hábitos organizados y de las opiniones de las masas es un importante elemento de la sociedad democrática. Aquellos que manipulen este mecanismo oculto de la sociedad constituye un gobierno invisible que es el verdadero poder gobernante de nuestro país”

Esta tesis, aplicada dentro de Estados Unidos desde hace poco, era la norma de las grandes agencias de noticias que controlaban la información internacional durante la Guerra Fría. Para un estudiante de relaciones internacionales en la década de los sesenta era un tormento abrirse paso entre la propaganda que contenían los diarios mexicanos para elaborar una pequeña investigación medianamente objetiva. En muchos casos había que trasladarse a la Alianza Francesa, al IFAL o a la Biblioteca Franklin para consultar Le Monde, Liberation o incluso el New York Times para tener acceso a otros enfoques. Si uno llegaba a toparse con un ejemplar de The Observer o The Economist era como sacarse la lotería.

Durante cerca de setenta años, el gobierno estadunidense estuvo vedado de hacer propaganda bélica dentro de Estados Unidos, pero encontró la manera de sortear la prohibición con el manejo calculado de filtraciones a una prensa que casi siempre ha coincidido en intereses con los del gobierno en sus relaciones internacionales. Eso lo vimos en los innumerables casos de intervenciones armadas en América Latina, en los casos de Israel y su expansionismo, Irán, Checoslovaquia, Hungría, etc., etc., y más recientemente en los casos de Irak, Siria y Corea de Norte.

En 2013, muy escondida en la llamada National Defense Authorization Act, el presidente Obama incluyó la total rescisión de la ley que prohibía la propaganda bélica al interior del país, con lo que se ha homogeneizado el discurso bélico en los medios a un grado que cualquier voz disidente se califica de fake news, y muchos medios que nacieron e hicieron su prestigio como independientes han sido traídos al redil mediante el selectivo otorgamiento de fondos. Por otro lado, los grandes medios de televisión han contratado a antiguos jefes de los numerosos servicios de inteligencia como “expertos”, que son constantemente entrevistados para repetir la línea oficial sobre cualquiera de las guerras que sostienen Estados Unidos y sus satélites o sobre la que prepara contra Corea del Norte.

Pero ningún medio o “experto” aborda los esfuerzos que hace el presidente de Corea del Sur, respaldado por Kim Yung Um, para poner un alto a la dinámica belicista que amenaza con desbordarse a todo el orbe. El artículo de Gareth Porter analiza los temas concretos en que se fundamenta una negociación realista de la problemática coreana.

Francisco Correa Villalobos, Embajador de México, en retiro.

 

Can South Korea’s Leader End Trump’s North Korea Crisis?

By Gareth Porter

The agreement for cooperation between North and South Korea on the Olympics provides a pause in the drumbeat of war threats by postponing joint U.S.-South Korean military exercises until after the Winter Games are finished. But the real payoff from the Olympics détente is the possibility that the governments of South Korean President Moon Jae-in and North Korea’s Kim Jong Un could reach agreement on modifying joint U.S.-Republic of Korea (ROK) military exercises in return for a North Korean nuclear and missile testing freeze.

That intra-Korean deal could open a new path to negotiations between the United States and North Korea over Pyongyang’s nuclear and missile programs and a final settlement of the Korean War—if Donald Trump is willing to take such an off-ramp from the crisis. But it’s not just Kim Jong Un who has taken the diplomatic initiative to open such a path out of the crisis. Moon Jae-in has been working to advance such a compromise since he was inaugurated as South Korean president last May.

The Moon proposal—which has never been reported in U.S. news media—was first floated just 10 days before Moon was to arrive for a June 29 summit meeting with Trump in Washington, D.C. Moon’s special adviser on unification, foreign affairs and national security, Moon Chung-in, presented the proposal at a seminar at the Wilson Center in Washington as a reflection of President Moon’s thinking. Moon Chung-in said one of the president’s ideas was that South Korea and the U.S. “can discuss reducing the South Korea-U.S. joint military exercises if North Korea suspends its nuclear weapons and missile activities.” He added that President Moon “was thinking that we could even decrease the American strategic assets that are deployed to the Korean Peninsula [during the exercises].”

Speaking with South Korean correspondents after the seminar, Moon Chung-in said there is “no need to deploy strategic assets such as aircraft carriers and nuclear submarines during the Key Resolve and Foal Eagle exercises.” Military planners use the term “strategic assets” to refer to aircraft and ships capable of delivering nuclear weapons, to which North Korea have long objected strenuously.

Moon Chung-in suggested stripping those “strategic assets,” which had never been part of the joint exercises before 2015, out of the joint exercises, arguing that their addition had turned out to be a strategic mistake. “Since the U.S. has forward deployed its strategic assets,” he said, “North Korea seems to be responding in this way because it thinks that the U.S. will strike if the North shows any weakness.”

Moon Chung-in told South Korean reporters later that he was presenting his own ideas, which were not the official policy of the government, but that “it would not be wrong” to say that President Moon agreed with them. And a senior official in Moon’s office who insisted on anonymity in talking to reporters did not deny that the idea discussed by Moon Chung-in was under consideration by President Moon, but said the office had told Chung that his statement “would not be helpful for the future relations between South Korea and the United States.”

Another figure with ties to the new government, veteran diplomat Shin Bong-Kil, presented essentially the same proposal at a forum in Seoul in late June. Shin, former director of the Inter-Korea Policy Division of the ROK Foreign Ministry for many years and a member of the diplomatic team the Moon administration had sent to explain its policies to the Chinese government, had just returned from a conference in Stockholm in which North Korean foreign ministry officials also participated. Based on what he heard at the conference, Shin argued that offering to eliminate such elements from the joint Key Resolve and Foal Eagle exercises would provide what he called “huge leverage” to get North Korean acceptance of a nuclear and missile testing freeze.

The same week that Moon Chung-in made the proposal public, President Moon himself argued in an interview with CBS Newsagainst the Trump administration’s demand for immediate “complete dismantlement of North Korea’s nuclear program.” Moon said, “I believe that first we must vie for a freeze of North Korea’s nuclear and missile programs.”

He was suggesting the need to substitute the “freeze for freeze” proposal embraced by Beijing, Pyongyang and Moscow, which would require a complete end to joint U.S.-South Korean military exercises for a freeze on North Korean nuclear and missile testing—an option the U.S. military has rejected.

Two American Korea experts already had been developing their own detailed proposal for downsizing the U.S.-ROK exercises. Joel Wit, a former senior adviser to Ambassador Robert Gallucci in the negotiation of the agreed framework—who now runs the website 38 North, focused on North Korea—and William McKinney, former chief of the Far East branch in the political-military division of Army headquarters at the Pentagon, argued that the flights of nuclear-capable aircraft and other “strategic assets” weren’t necessary for U.S. military objectives.

As McKinney noted in an interview with me, the U.S. flights simulating nuclear attacks on the North using dual capability aircraft “are generally outside the exercise program.” The purpose of those flights, McKinney said, “is to be a visible expression of our deterrent capability, and it could be argued that it has already been shown.”

Among other changes, McKinney and Wit proposed that the joint U.S.-ROK Ulchi-Freedom Guardian exercise scheduled to begin in August be replaced by a South Korean government exercise that would be observed by senior U.S. officers, and that the Foal Eagle exercise, which involves coordinated naval and air operational exercises, be conducted “over the horizon”—meaning farther away from the Korean Peninsula.

Moon quietly pressed his case with the Trump administration, requesting that Ulchi Freedom Guardian be carried out without “strategic assets” being included, and although it went almost unnoticed, the U.S. command in South Korea quietly agreed. The South Korean television network SBS reported on Aug. 18 that the United States had canceled the previously planned deployment of two U.S. aircraft carriers, a nuclear submarine and strategic bomber as part of the exercise at Moon’s request.

The Winter Olympics provided Moon with the rationale for pushing his diplomatic agenda further. He announced on Dec. 19 that he had requested that the U.S. military postpone the joint U.S.-ROK exercise scheduled for January through March until after the Olympics, contingent on North Korea not carrying out a test. But before an official U.S. response was forthcoming, Kim Jong Un responded with his own political-diplomatic initiative. In his annual New Year’s Day speech, Kim called for what he called “détente” with South Korea in order to “ease the acute military tensions between north and south.”

The North Korean leader asked the Moon government to “discontinue all the nuclear drills they have staged with outside forces” and “refrain from bringing in nuclear armaments and aggressive forces of the United States.” That formulation, distinguishing between joint military drills and nuclear drills, suggested that Kim was signaling Pyongyang’s interest in negotiating an agreement along the lines that Moon’s advisers had raised publicly six months earlier.

Moon responded with an invitation to North Korea for high-level talks on Jan. 9 about Olympic cooperation and easing military tensions, beginning the process of North-South nuclear diplomacy.

Not surprisingly, the corporate media have looked askance at Moon’s North Korean diplomacy. The New York Times story on Kim’s New Year’s address speculated that the North Korean leader was successfully playing President Moon against the Trump administration, but in fact, the South Korean government understands that the initiative cannot succeed without Trump administration support.

The North-South talks that have begun will revolve around coming up with a formula for a deal on modifying the joint military exercises in return for a freeze on North Korean strategic weapons testing. The talks could take longer than the Olympics, which might require further postponement of the U.S.-ROK exercises that normally begin in March. When South Korean Foreign Minister Kang Kyung-Hwa announced on Jan. 25 that a U.S. first strike on North Korean missile and/or nuclear targets is “unacceptable” to the ROK government, she declined to say whether the South would resume the drills after the Olympics.

That statement hints at a reality that neither the Trump administration nor corporate news media have publicly acknowledged: The United States’ South Korean ally regards beginning negotiations with North Korea as a high priority—higher than resuming the military exercises that have riled North Korea for decades and especially since 2015.

Reproducido de Truthdig, February 9, 2018

No son sólo los air-marshalls, señor Secretario.

por Francisco Correa Villalobos,

Embajador de México en retiro

La reciente visita a México del Secretario de Estado, Rex Tillerson, puso de relieve lo que varios embajadores de México jubilados señalaron hace un año[1] como concesiones unilaterales que se extienden desde los gobiernos de Fox y Calderón y han continuado en el presente sexenio, adoptadas en la mayor secrecía por su intrínseca y profunda vulneración a la soberanía nacional.

El Secretario Videgaray afirmó en una conferencia de prensa que México estudia una propuesta norteamericana para que se permita la operación de air-marshalls estadunidenses en territorio nacional. Como se sabe, los air-marshalls son policías suicidas cuya función se ideó a raíz de los ataques a la Torres Gemelas, que vuelan de incógnito para el resto de los pasajeros en todos los vuelos dentro de Estados Unidos, con la única función de abatir a balazos a cualquier individuo que pretenda secuestrar un avión, aún si se compromete la vida de todos los pasajeros. Más recientemente se dotó a estos policías con tasers, o pistolas de electrochoque, como un arma alternativa pero no substituta del arma de fuego.

O sea que para los pasajeros no hay opción: o mueren por el pirata aéreo o por el kamikaze que pretende cazarlo. Los que se salvan son los gringos que se enterarán de lo sucedido por las noticias a la hora de la cena. Sacrificios que demanda el imperio a los países sometidos.

Que se admita que una propuesta en este sentido se está estudiando no augura nada bueno para los mexicanos, en vista de los deshonrosos precedentes en materia migratoria y de los efectos en nuestro país de la llamada guerra antiterrorista emprendida por Estados Unidos desde 2001. Uno de ellos es la operación desde hace años de agentes de la Customs and Border Protection en todos los aeropuertos internacionales del país, con el fin de filtrar a todos los pasajeros desde el momento de su documentación en el escritorio de la compañía aérea, bloquear todo trámite subsecuente y ordenar la detención de todo aquel que se encuentre en sus listas de no-fly o de sospechosos de terrorismo. La operación de estos agentes extranjeros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México le consta al autor de estas líneas.

Un esquema parecido lo acordó recientemente el gobierno de Estados Unidos con el de Canadá, el cual al llegar al parlamento para obtener su legalización provocó un verdadero alud de protestas del público. Desde 1952, agentes estadunidenses de aduanas revisaban el equipaje de los pasajeros antes de salir de Canadá, de manera que al llegar a Estados Unidos eran como pasajeros de un vuelo interno. Si el pasajero se negaba a la revisión, simplemente salía del aeropuerto y punto final. Con el nuevo acuerdo y legislación aprobada, los agentes de Estados Unidos pueden interrogar al pasajero y detenerlo hasta que agentes canadienses lo arresten o liberen. [2]

En Alemania, miembros del parlamento han criticado fuertemente la práctica de funcionarios del Departamento de Seguridad Interior (o más precisamente Seguridad de la Patria) de interrogar y detener a ciudadanos alemanes y de otras nacionalidades antes de abordar sus vuelos. Andrej Hunko, un legislador por el Linkspartei protestó por lo que llamó una prohibición extrajudicial a viajar y acusó a Estados Unidos de aplicar su política migratoria en los países europeos.[3]

La operatividad de los air-marshalls en México plantea serias dudas sobre su aplicabilidad porque no sólo se afectaría a los vuelos que se originen en nuestro país con destino a Estados Unidos, sino también a vuelos internos hasta una cierta distancia de la frontera y probablemente a todos los vuelos nacionales. Es difícil concebir que los negociadores estadunidenses dejen de suscitar el “riesgo” que puede representar un vuelo a Ciudad Juárez, Tijuana o Mexicali para las bases militares de Fort Bliss o Pendelton, o el que puede suscitar un vuelo de la Ciudad de México a Monterrey que, a velocidad de crucero, le tomaría quince minutos llegar a San Antonio. En otras palabras, los suicidas air-marshalls tal vez operarían en un gran número de vuelos internos -y quizá en todos- y no sólo en los que tienen como destino a Estados Unidos.

En todo proyecto estadunidense que implique “fronteras avanzadas”, México es el primer objetivo y hace falta una gran dosis de dignidad y honor para resistir de manera inteligente las fuertes presiones que dejan sentir los funcionarios de Estados Unidos cuando aducen razones de “seguridad nacional” de su país. A ello debe agregarse la dificultad política de echar atrás una concesión así sea unilateral. Cuando Estados Unidos, al declarar la guerra al Eje, solicitó la autorización para establecer una base naval en algún punto del litoral del Pacífico, el general Lázaro Cárdenas, entonces Secretario de Guerra se opuso con el argumento que lo de menos era dar la autorización, lo difícil sería sacarlos.

Y ciertamente no puede desconocerse que la estrecha vecindad plantea problemas de seguridad ajenos que se desdoblan sobre nuestro país y que en muchas ocasiones se vuelven propios, afectando otros intereses nacionales externos.

Recientemente, la Secretaria de Seguridad Interior, Kristjen Nielsen, una vikinga de probable ascendencia noruega del tipo que haría llorar de emoción racial a Trump, anunció el emplazamiento de dos mil agentes del Immigration and Customs Enforcement, Investigation (ICE) en un número no especificado de países para aplicar en otros países, por sí mismos, en las “fronteras avanzadas” de su territorio mundial, las nuevas y restrictivas normas de inmigración estadunidense.[4] Algunos de ellos, vendrán a sumarse los que ya operan como autoridad en los aeropuertos mexicanos o supervisando el desempeño de funcionarios y agentes del Instituto Nacional de Migración.

Y está también el número no especificado de agentes de cuando menos 13 dependencias gubernamentales estadunidenses que operan en México, tal como lo reconoció la propia Secretaría de Relaciones Exteriores en respuesta a una solicitud de información canalizada a través del IFAI por el diario digital Contralínea, publicada por ese órgano el 16 de abril de 2017.[5]

Es necesario pues mantener un sano equilibrio de responsabilidades mutuas intra e inter-temas y evitar caer en concesiones unilaterales en las que México no sólo adopta el problema ajeno, sino que somete la vigilancia y supervisión de su manejo a autoridades extranjeras que operan en flagrante violación de nuestra soberanía. Ni en los peores momentos de la Segunda Guerra Mundial o de la Guerra Fría, había estado México tan infiltrado de agentes estadunidenses y colaboradores nativos como en los últimos diecisiete años. Esto debe cesar.

[1] https://mexinternacional.mx/2017/02/10/pronunciamiento-de-embajadres-de-mexico-de-carrera-jubilados-sobre-las-relaciones-con-estados-unidos/

[2] Homeland Security Goes Abroad. Not Everyone Is Grateful. New York Times, 26 December 2017.

   https://www.democracynow.org/2017/12/29/is_the_us_exporting_its_travel

[3] Ídem.

[4] Ídem.

[5] La “buena fe” de México para ocultar el número de agentes estadunidenses. Contralínea, 16 de abril de 2017.

 

La XXIX Reunión de Embajadores y Cónsules Generales: Luces y Tinieblas de la Política Exterior de México

 

 

 

Por Francisco Correa Villalobos,

Embajador de México en retiro.

Como casi todas las precedentes, la XXIX Reunión de Embajadores y Cónsules Generales fue un costoso ejercicio de futilidad. Celebrado del 8 al 11 de enero, en ninguna de sus fases y divisiones el encuentro ofreció a sus participantes una visión estratégica, ni general ni por regiones y mucho menos por países, de los objetivos de la política exterior de México. El evento fielmente siguió el patrón de generalidades e indefiniciones adoptado desde el inicio del sexenio, a pesar de que, a un año de la toma de posesión de Trump, ésta hubiese sido la mejor oportunidad de fijar ante la opinión pública, y sobre todo para orientación de nuestros diplomáticos, la posición política frente a la amenaza más clara y contundente contra nuestra independencia y soberanía a que nos hemos enfrentado en casi un siglo.

Las reuniones fueron concebidas en 1988 por el entonces Secretario de Relaciones Exteriores Fernando Solana, a un mes de haber tomado posesión del puesto en una administración que se había propuesto dar un golpe de timón, todavía públicamente indeterminado, en la política exterior. Como siempre, la SRE estaba en la penuria presupuestal y Solana encontró factible superar ese obstáculo, aprovechando que muchos embajadores y cónsules generales pasaban en México las fiestas de diciembre sufragando sus propios gastos de traslado o aprovechando el beneficio de un viaje a México cada dos años a cargo del erario. La asistencia a las reuniones era -y es- pues voluntaria. Va el que quiere.

El propósito de esa primera reunión en 1989 no era tanto dar una novedosa línea de política exterior cuanto permitir a Solana conocer de primera mano en dos o tres días cuál era la presunta línea conforme a la cual actuaban los embajadores y cónsules en el exterior y, de paso, conocer personalmente a los titulares de las oficinas presentes en la reunión. El cónclave tuvo así un carácter esencialmente interno de la SRE que conservó hasta la reunión de enero de 1992, sin que en ellas se hiciera un planteamiento de nuevos objetivos diferentes a los esencialmente defensivos que habían predominado desde los años 30, excepto la de 1990 en la que se destacó sobremanera el interés en las relaciones con América Latina, para mitigar la profunda crítica reacción de los países latinoamericanos ante la decisión del gobierno de México de buscar su integración comercial con Estados Unidos en lugar de los países iberoamericanos.

Las negociaciones formales del TLC se iniciaron en febrero de 1991 bajo la dirección del Secretario de Comercio y Fomento Industrial, Jaime Serra Puche, sin la participación de Secretario Solana o de un equipo de Relaciones Exteriores, quien, para la reunión de 1992, invitó a un grupo de negociadores mexicanos para que  ofrecieran a los embajadores y cónsules un panorama de los múltiples temas y estado de las negociaciones de un tratado que se antojaba como el más importante para México desde el de Guadalupe Hidalgo de 1848.

Dicho esquema evolucionó para incorporar en las reuniones subsecuentes a diversos secretarios de estado que dictaron conferencias sobre los temas de su cargo, al tiempo que se   eliminaban las reuniones paralelas por regiones. Los cataclísmicos cambios en la estructura del poder mundial de principios de la década de los noventa quedaron como un mero telón de fondo, sin análisis sobre sus consecuencias en nuestra vida de relación internacional y las reuniones fueron adquiriendo un carácter de colorido evento de propaganda oficial con la asistencia del cuerpo diplomático y una amplia pero superficial cobertura de prensa, radio y televisión.

Con la llegada de los gobiernos del PAN los temas de comercio exterior tuvieron mayor relevancia hasta convertirse en el sexenio actual en centrales de las conferencias de los secretarios de estado y de invitados de la iniciativa privada mexicana, al tiempo que, con un criterio neocolonial, se abría la puerta a investigadores y profesores extranjeros para ilustrar a embajadores y cónsules generales sobre el aprovechamiento de las herramientas digitales, el fortalecimiento de la diplomacia ante el surgimiento de nuevos actores no estatales y el diseño de política exterior sobre diferentes regiones del mundo. Entre todos ellos, debe destacarse las asombrosas, enérgicas y reiteradas exhortaciones de José Ángel Gurría, como director general de la OCDE, para que los embajadores asumieran el papel de vendedores de productos mexicanos en el extranjero.

La recién concluida reunión de embajadores y cónsules generales será la única en que habrá participado Luis Videgaray como Secretario de Relaciones Exteriores, desde luego si descartamos un triunfo de su amigo y protegido José A. Meade K para llegar a la presidencia y si es refrendado como canciller, dos imponderables difíciles de anticipar en el ambiente electoral de este momento. Pero tal vez por ello, en abono de su gestión, el Secretario Videgaray hizo un esfuerzo por ofrecer lo que él llamó una estrategia de política exterior que explique su actuación en 2017 y trace un rumbo de lo que hará en 2018.

Sin mencionar a Trump ni a Estados Unidos por su acometida contra la diplomacia multilateral emprendida por Trump, Videgaray reafirmó el multilateralismo como la mejor herramienta para encarar y resolver los problemas comunes a que se enfrenta a humanidad -entre los que destacó los cambios climático y tecnológico, la migración y las armas nucleares-  y el mejor medio para promover los intereses de México, conforme a los principios de política exterior establecidos en la Constitución.

Sobre las armas nucleares, Videgaray destacó las medidas que México ha adoptado en relación con la República Popular y Democrática de Corea, pero inexplicablemente dejó en el tintero dos cuestiones que hubieran dado a su discurso la coherencia y el equilibrio político que siempre ha caracterizado a México en el tema de desarme nuclear:

1).- Que desde fines del siglo XX el gobierno de Estados Unido señaló a la RPDC, junto con Irak y Siria, como un país donde había que producir un “cambio de régimen” y que su programa nuclear arrancó en ese momento como reacción a esa clara amenaza.  Por otra parte, no observar el equilibrio político en una pugna entre una antigua y una nueva potencia nuclear y centrar la crítica en la segunda, significa legitimar el “oligopolio nuclear” al que pertenece la primera y contradecir el interés nacional explícitamente incorporado en la negociación y conclusión del Tratado para la Eliminación de las Armas Nucleares, tan exaltado por el propio Videgaray en la misma reunión. Contradicciones como ésta no pueden escapar a la atención de un político sagaz como Videgaray, quien seguramente tenía otros objetivos, externos o internos, en su política hacia Corea del Norte.

2).- El gigantesco programa de modernización del arsenal de armas nucleares de Estados Unidos, que tiene por objeto desarrollar miles de armas nucleares de un bajo potencial que haga más creíble su uso en conflictos militares con países no nucleares o con actores no estatales. En todo caso, se trataría de armas nucleares con un potencial igual o más bajo al de las que se usaron en Hiroshima y Nagasaki,1 con lo que se borraría la diferencia entre un conflicto nuclear y uno convencional y se acercaría al mundo a una guerra nuclear generalizada.  Este programa, así como el de Rusia de torpedos nucleares intercontinentales y el de China de misiles hipersónicos de re-entrada, constituyen un preocupante escalamiento que amenaza la supervivencia de toda la humanidad que no se mencionó en la reunión.

En la cuestión de Jerusalén, al igual que en los casos de Corea del Norte y las armas nucleares, tal vez existen  otros intereses que los ostensiblemente declarados por Videgaray, quien justificó la abstención de México sobre la resolución de la Asamblea General Especial de Emergencia que condenó la decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, en violación de una decisión obligatoria del Consejo de Seguridad, aduciendo que la misma “estigmatiza” países claves que deben ser parte de la solución y que “de lo que se trata es promover las mejores condiciones para alcanzar una solución al conflicto.” Este razonamiento parece la formulación en el plano internacional de la impunidad que ha aquejado por tantos años a México, pues de acuerdo con esa lógica, existe una crisis que para resolverla no debemos “estigmatizar” al país que la creó. Para enderezar esa lógica, hay que llamar las cosas por su nombre: sumisa complicidad.

Esos intereses no declarados se advierten también en el caso de Venezuela, sobre el que Videgaray reafirma su posición que la democracia representativa debe ser la única forma de gobierno que debe prevalecer en América Latina, pretendiendo negar a otros pueblos de América Latina y el Caribe el derecho del que goza  el pueblo mexicano, conforme al artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y soslayando la contradicción explícita de tal afirmación con los principios de no intervención y el derecho de los pueblos a la autodeterminación, conforme a la fracción X del artículo 89 de la Constitución y a la Declaración sobre los principios de derecho internacional relativos a las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados, conforme a la Carta de las Naciones Unidas, reconocida por la Corte Internacional de Justicia como fuente de derecho internacional.

La posición del gobierno de México en el caso de Venezuela sigue pues sin justificación oficial.

El capítulo relativo a las relaciones con Estados Unidos pudo haber sido más profundo para dar a los aspecto de la relación con el vecino una dimensión más diáfana acerca de lo que el gobierno de México pretende obtener de su proclamada vocación norteamericana, más allá de los meros aspectos de competitividad  -ya de por sí preocupantes en cuanto a la desigualdad de salarios- que podrían arrojar luz  sobre las obscuras posiciones en los casos de Corea del Norte, las armas nucleares, Jerusalén y Venezuela.

Ante la estrecha visión de negociación inmobiliaria que Trump pretende trasladar al ámbito internacional, resulta bienvenida la profesión de fe multilateralista de Videgaray, como el medio idóneo -amplia y largamente probado- para enfocar y resolver problemas comunes a toda la humanidad, el más apropiado para un orden mundial multipolar y el más conveniente para promover los intereses de México.

Sin embargo, la eficacia del multilateralismo disminuye en la medida en que se deteriora o quebranta la paz y seguridad internacionales, temas que estuvieron fuera del campo visual de la reunión. Así, por ejemplo, en el tema de la migración ampliamente tratado por el Secretario Videgaray en su discurso, no es posible encontrar una solución a los masivos movimientos migratorios en Europa procedentes del Medio Oriente sin un ambiente de paz y seguridad en esa región, quebrantado por el uso ilegal de la fuerza por un grupo de países encabezados por Estados Unidos en Siria, que, además, paraliza con su veto al Consejo de Seguridad.

Desde la creación de Naciones Unidas, México se ha esforzado por superar esa tara institucional, primero con propuestas relativas al proyecto de Dumbarton Oaks2 y, después con imaginativas fórmulas jurídicas sobre la “competencia residual” de la Asamblea General para tomar decisiones con base en los capítulos VI y VII de la Carta de Naciones Unidas, cuando el Consejo de Seguridad se vea impedido de actuar. Dicha tesis jurídica está claramente establecida en la resolución 377(V) de la Asamblea General, llamada Unión pro-Paz, la que:

“Resuelve que si el Consejo de Seguridad, por falta de unanimidad entre sus miembros permanentes, deja de cumplir con su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales en todo caso en que resulte haber una amenaza a la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión, la Asamblea General examinará inmediatamente el asunto, con miras a dirigir a los miembros recomendaciones apropiadas para la adopción ‘de medidas colectivas, inclusive, en caso de quebrantamiento de la paz o acto de agresión, el uso de fuerzas armadas cuando fuere necesario, a fin de mantener o restaurar la paz y la seguridad internacionales.”

Esta resolución, invocada en varias ocasiones por México respecto de casos diversos, constituye un recurso que debe tenerse siempre presente para superar la interposición del veto por cualquier miembro permanente del Consejo de Seguridad y se quiera promover una acción independiente en favor de la preservación de la paz y seguridad internacionales, lo que necesariamente redundará en el fortalecimiento del multilateralismo en general.

En resumen, la XXIX Reunión de Embajadores y Cónsules Generales suscitó más dudas de las que despejó sobre los intereses reales que mueven al actual gobierno de México en sus relaciones exteriores y los objetivo que pretende alcanzar con éstas. Como en el pasado, la política exterior, al igual que las que corresponden a otras dependencias federales, su diseño y aplicación se realizan con las cartas muy pegadas al pecho, sin la intervención del poder legislativo y, menos aún, de la academia especializada y de las organizaciones de la sociedad civil, con la diferencia que la que se siguió por cerca de 70 años fue una política exterior altamente coherente y consistente que desde hace decenios forma parte del imaginario político de los mexicanos. El esfuerzo fallido del Secretario Videgaray para identificar su política con la tradicional de México es una demostración de ello.

Ello nos lleva a la necesidad de formular una política exterior de Estado que involucre a los sectores de la sociedad arriba mencionados y dejar atrás el esfuerzo, también fallido, de esta administración de adoptar una a fines de enero de 2017.3

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1  https://fas.org/blogs/security/2017/06/new-nukes/

Más recientes artículos y documentos sobre este tema: https://www.nytimes.com/2018/01/16/us/politics/pentagon-nuclear-review-cyberattack-trump.html?emc=edit_nn_20180117&nl=morning-briefing&nlid=60236257&te=1&_r=0

http://www.huffingtonpost.com.mx/entry/trump-nuclear-posture-review-2018_us_5a4d4773e4b06d1621bce4c5

https://www.transcend.org/tms/wp-content/uploads/2018/01/Npr-2018-A.pdf   Contiene el texto completo.

2 Véase Emilio O. Rabasa, La participación de México en la fundación de la ONU y sus reformas. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1043/18.pdf

 

3  https://mexinternacional.mx/2017/03/10/redefinicion-de-las-relaciones-con-estados-unidos-o-bomberazo/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La política exterior después del 2018

 

Por Francisco Correa Villalobos*

La política exterior ha figurado durante muchos decenios como un tema de prioridad secundaria en los programas electorales y de gobierno y, casi siempre, se ha formulado en términos generales e imprecisos, pese a que nuestra excepcional situación geográfica de proximidad inmediata con la potencia imperial con la proyección mundial de poder más vasta en la historia plantea, por sí misma, un riesgo permanente a nuestras vulnerables soberanía, independencia y seguridad nacionales.

En este inicio de la campaña electoral de 2018, sólo el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, ha ofrecido un diagnóstico certero del entorno mundial y un programa amplio de política exterior, que promete debe llevar a una comprensiva política exterior de Estado, que parta de una clara visión, defina intereses nacionales y adopte una estrategia con objetivos de nuestra vida de relación internacional acordes con el proyecto de Morena.

Las relaciones con Estados Unidos, como se dicho con justa razón, son el eje de nuestra política exterior, porque son determinantes en la jerarquía y definición de otros temas, sobre todo en el contexto de la diplomacia multilateral, que se refieren a la paz internacional y a la seguridad externa de nuestro país.

A ese respecto, México, con pocos intereses políticos bilaterales en otros países, ha concentrado buena parte de su quehacer internacional en el desarrollo y codificación de normas jurídicas mínimas de convivencia pacífica internacional, con el objetivo de refrenar la diversificada expansión imperial estadunidense sobre nuestro país.

Así lo atestigua nuestra trayectoria en el sistema interamericano desde los años 20 del siglo pasado, en la Sociedad de Naciones y, sobre todo en las Naciones Unidas, con una extraordinaria, paciente, perseverante y coherente actividad en cuestiones jurídicas y de desarme.  En ello, el callado y sobresaliente punto de referencia ha sido Estados Unidos.

Esa línea de política constituía un valor entendido y bien arraigado en el austero Servicio Exterior Mexicano, fundamentado y fortalecido en una práctica de decenios que se consolidaba mediante nuevas acciones. Hubo ciertamente desviaciones y retrocesos sobre todo cuando políticos ocuparon la cartera de Relaciones Exteriores, pero que se corrigieron al advertirse a nivel presidencial la idoneidad de la política tradicional y reasumir experimentados diplomáticos profesionales la conducción de la misma.

Durante la Guerra Fría, Estados Unidos entendió claramente que nuestra política exterior respondía pura y exclusivamente a intereses nacionales muy arraigados en la conciencia nacional, y que, así como su política interna, adoptadas ambas con antelación a la confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, no representaban una peligrosa desviación ideológica, ni una intención de cambio de bando político.

La acción coherente de México en los foros multilaterales durante muchos años, fue percibida pues por Estados Unidos como un elemento normal, medianamente molesto, pero totalmente predecible y no inmanejable de la relación bilateral.  Los casos de Guatemala, Cuba, República Dominicana, Chile, Nicaragua, El Salvador, el Grupo Contadora e incluso el caso de Irak en el Consejo de Seguridad, demostraron al mismo tiempo la tolerancia de Estados Unidos a la política externa de México, y su intolerancia a que el ejemplo pudiera repetirse en el continente.

La desaparición de la Unión Soviética, la unipolaridad, la concomitante unilateralidad, y sus corolarios, el excepcionalismo y la indispensabilidad, invocados por Estados Unidos para justificar su pretendida superioridad sobre el derecho internacional, casi coincidieron en el tiempo con los gobiernos del Partido Acción Nacional, los seguidores de cuya línea política habían quedado al margen por casi un siglo de la formulación y aplicación de la política exterior. Los dos gobiernos del PAN dieron un vuelco a esta línea con intentos soterrados de reformar la fracción X del artículo 89 de la Constitución, con la aceptación del concepto de fronteras avanzadas de Estado Unidos, con el control por éstos de la política migratoria, con la cooperación en operaciones militares y navales, con importantes concesiones unilaterales de soberanía e independencia y con las guerras contra el narcotráfico y el terrorismo.

Peña Nieto no sólo no corrigió esa política, sino que su reforma energética ha sido el paradigma de la entrega al extranjero de un factor insustituible de poder que compromete la independencia y soberanía de nuestro país y, en consecuencia, el margen de maniobra en negociaciones internacionales.

La sorprendente adopción de gestos de política exterior, inútiles por su escasísimo valor político que, en el mejor de los casos, constituyen una ganancia ínfima y marginal para la estrategia mundial de Estados Unidos, pero no así para su relación con México, por la sumisión que implican y la pérdida enorme del prestigio -y el poder que en ello se sustenta-  de México.

México tradicionalmente ha manejado de manera inteligente los límites que imponen la geografía y la enorme disparidad de poderío, y demostrado que es posible y deseable llevar a cabo una relación de decencia y honestidad con independencia, en donde la cooperación no implique la entrega de soberanía. Debe rechazarse la impresión generalizada entre la clase política mexicana, el empresariado, analistas, investigadores y periodistas, que las concesiones unilaterales son necesarias para asegurar buena voluntad de parte de Estados Unidos. Esto es falso. En política internacional las concesiones unilaterales se perciben como hechas en función del interés nacional y, por lo tanto, no ameritan ninguna reciprocidad de parte del beneficiario. La experiencia de México así lo demuestra.

La sumisión ante Trump no supone una recompensa, sino mayores humillaciones, porque su mentalidad sólo ve una ganancia como escalón para otra y el supuesto segmento moderador dentro de la Casa Blanca o el gabinete sólo introducen matices en lo que ya es una línea definida de gobierno.

No debemos soslayar que Estados Unidos se encuentra en la peligrosa reformulación de su política exterior para revertir su repliegue mundial, mediante el desesperado intento de recuperar una posición preponderante sobre nuevas bases que hacen a un lado el derecho y la diplomacia, para hacer valer únicamente la fuerza y las actividades de su vasta y poderosa maquinaria de penetración en las élites políticas y los poderes fácticos, así como la desestabilización y la subversión por operaciones encubiertas.  La Estrategia Nacional de Seguridad de Trump parte de la visión de un Estados Unidos acosado, con fronteras vulnerables y un enorme poderío destructor. Una peligrosa combinación.

Estamos inmersos en un mundo muy diferente y debemos obrar en consecuencia. México debe salir fortalecido del desagradable episodio de Trump, en la inteligencia que republicanos y demócratas no difieren en cuanto a política hemisférica.

A ello debe agregarse que las relaciones con México son altamente indiferentes al ocupante de la Casa Blanca y no le importará si éstas se van por un tobogán mientras pueda obtener el mayor beneficio posible. Así lo dio a entender con motivo de la visita de Rex Tillerson y John Kelly a México en marzo pasado. Trump y su equipo de radicales conservadores antimexicanos seguirán siendo implacables para extraer toda concesión unilateral posible.

Todo ello debe llevar a México a fortalecer sus relaciones con los nuevos centros de poder mundial, el derecho internacional y las instituciones multilaterales como única opción racional para detener el descenso al caos y presentar una firme e inalterable posición basada en la dignidad, en un amplio apoyo popular y en el sólido bagaje jurídico internacional acumulado en los últimos 70 años. Para México no hay otra opción digna y viable.

El capítulo de política exterior del Proyecto 18 de Morena apunta a ampliar su propuesta programática con una política exterior de Estado, que se erija como una estrategia de seguridad, basada en el respeto a la soberanía e independencia y la cooperación negociada, en cuya definición participen el gobierno, el poder legislativo, la academia especializada y la sociedad civil organizada.

*Embajador de México en retiro

 

 

África: su papel en Naciones Unidas y sus retos de seguridad internacional

 

Como parte del Programa Mentor, La Dirección General para África y Medio Oriente de la Secretaría de Relaciones Exteriores organizó un seminario interno con la participación de la ministro Norma Suárez Paniagua, el Primer Secretario Raúl Millán y el embajador Francisco Correa, que se celebró el 12 de diciembre pasado.

Ante la imposibilidad de obtener la intervención de la ministro Suárez  y la del primer secretario  Millán, que no fue escrita, México Internacional reproduce íntegra la de embajador Correa, que versó sobre el papel de los países africanos en Naciones Unidas,  sus actuales retos en materia de seguridad internacional y el lugar que ocupa y debería ocupar el continente africano en la política exterior de nuestro país.

 

Seminario Interno sobre África

África en Naciones Unidas

por Embajador (r) Francisco Correa Villalobos

Fuera de toda cortesía protocolaria, debo felicitar al Embajador Jorge Álvarez Fuentes por la organización de este Seminario en el contexto del Programa Mentor, pues llena un hueco de suma importancia de política exterior, al centrar la atención en un área que ocupa la quinta parte del mundo habitado, pero que ha estado en buena medida en los linderos de la visión periférica de nuestro quehacer internacional bilateral.

Esto se pone de manifiesto más claramente cuando comparamos el número de embajadas de México en África con las que tienen otros países latinoamericanos de equivalente importancia. Por ejemplo, Brasil tiene 36 embajadas y dos consulados generales en ese continente. Cuba tiene 30 embajadas, Venezuela y Chile tienen 18 cada una, Argentina tiene 11. México tiene 7. Colombia y Ecuador 6 cada uno, Perú 5 y Bolivia 1. Obviamente estamos muy por debajo de la importancia que nosotros mismos asignamos a México en lo que se ha dado en llamar tautológicamente el mundo global, no por una decisión consciente de la Secretaría de Relaciones Exteriores y mucho menos de la Dirección General de África y Medio Oriente, que hoy y aquí nos da una clara demostración de lo contrario, sino por la inopia presupuestaria, si es que no la extrema pobreza, en que las autoridades financieras de este país han tenido a la SRE durante casi toda su historia.

El mundo empresarial no ha demostrado mayor interés en el continente africano. No obstante el exagerado optimismo de ProMéxico al anunciar que el comercio exterior total de México con África creció veinte veces de 42 a 857 millones de dólares entre 2000 y 2016, esa suma representa apenas un poquito más del .001% del total del comercio exterior de México el año pasado.

Pero no debemos descorazonarnos por el bajo nivel de intercambio comercial y económico con África. Una cosa son los intereses comerciales y otros son los intereses políticos. El comercio exterior y las inversiones son factores importantísimos que determinan una presencia diplomática, pero obviamente que no son los únicos. Los imponderables políticos son en ocasiones tanto o más importantes que los factores económicos.

Un ejemplo de lo anterior, es el destacado papel que jugó México en el proceso de descolonización en general y de África en particular, en el seno de Naciones Unidas desde 1946. Dudo mucho que las perspectivas comerciales o financieras en África fueran la motivación del activismo diplomático del embajador Espinosa y Prieto en Naciones Unidas a favor de la descolonización.  Por definición, los movimientos de independencia africanos y asiáticos tuvieron desde su inicio a fines de los años cuarenta un claro y obvio matiz antioccidental, que se inscribía desde entonces en el enfrentamiento entre Estados Unidos y a Unión Soviética. La propaganda occidental presentaba a los dirigentes de liberación africanos mínimo como terroristas, pero las más de las veces les endilgaban el mote de comunistas, lo cual era peor, y a contrario sensu subrayaba el papel de la descolonización como un importante contrapeso a Estados Unidos y sus satélites occidentales. (Debemos recordar la brutal reacción del presidente Eisenhower al conocer el discurso de toma de posesión de Patricio Lumumba: dio la orden a la CIA de eliminarlo físicamente). No es que México quisiera deslindarse de la órbita occidental, pero durante muchos años intentó y logró una cierta independencia en su política exterior a la que, la independencia de los países africanos, primero, y luego su peso en Naciones Unidas y en la escena internacional, le dieron un soporte decisivo.

La independencia de los países africanos y su ingreso a las Naciones Unidas fue un factor crucial en la consolidación de los grupos regionales, sus patrones de votación en la Asamblea General y en la conformación de grupos más amplios que Estados Unidos, en su creciente aislamiento, llamó amarga y despectivamente, “la mayoría automática”.

Entre 1960 y 1970 ingresaron a Naciones Unidas 45 Estados. Su membrecía creció de 82 a 127 y sus patrones de votación se fueron aglutinando precisamente alrededor del tema de la descolonización.  La Declaración sobre la Concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, la resolución 1514(XV) en 1960, fue el punto de partida. La Declaración fue aprobada por 89 votos a favor, ninguno en contra y nueve abstenciones, todos occidentales y con colonias (EU, GB, Francia, España, Bélgica, Portugal,), excepto Australia, la República Dominicana, de Rafael Leónidas Trujillo, Sudáfrica.

En esa década, se crearon dos nuevos y muy amplios grupos de países como consecuencia de la membrecía de los países africanos, que tuvieron un gran peso en Naciones Unidas: el Grupo de Países No Alineados y el grupo de los 77. Ambos grupos determinaron en gran medida la agenda de trabajo de la Asamblea General y de las Naciones Unidas. Poco a poco, la diferencias entre esos dos grupos fue borrándose en la década de los setenta hasta casi desaparecer en la de los ochenta y obrar como uno solo.

Los temas de descolonización y en particular los relativo a Sudáfrica, Namibia y las colonias portuguesas no sólo fueron los que más resoluciones de la Asamblea General recibieron, sino que fueron un aglutinante de los países en desarrollo que facilitó enormemente la acción común respecto de los temas económicos. En los años sesenta y setenta, las resoluciones sobre apartheid, Namibia y el África meridional en la Asamblea General representaron poco más del 25% del total de resoluciones aprobadas.

Los países africanos fueron pues un factor decisivo en el auge del tercer mundo en Naciones Unidas y el declive del papel de éste fue resultado de una conjunción casi simultánea de tres factores de orden mayúsculo: la solución de los problemas del apartheid, la descolonización total de África y la desaparición de la Unión Soviética.

El peso del número de los países africanos se sigue manifestando en la temas de gran carga política como el Medio Oriente y el desarme, aunque la tendencia parece apuntar en Naciones Unidas a temas más amplios como el medio ambiente, los derechos humanos y la acción conjunta para el desarrollo, en los que los países en desarrollo -y en consecuencia África- encuentran más puntos en común con países desarrollados y se diluyen los intereses específicos de los países en desarrollo, como son la unilateralidad en el uso de la fuerza y el  concomitante debilitamiento en general del Consejo de Seguridad.

Los países africanos han tenido un papel decisivo en la definición de planes de gran alcance de Naciones Unidas somo la Agenda 20-30 peo son muy conscientes de que la paz y la seguridad son condiciones sin la cuales no será posible alcanzar esos objetivos. El importante papel que juega el Consejo de Paz y Seguridad de la OUA y sus múltiples operaciones militares en el continente son un indicio de lo anterior.

En mi opinión hay dos problemas fundamentales a los que se enfrentan los países africanos en cuestiones de seguridad, que inciden negativamente en sus esfuerzos de desarrollo:

1.- Los conflictos interétnicos. No hay país africano que no padezca de esta problemática, resultado de las fronteras heredadas de la colonia y su imbricación con intereses de inversionistas extranjeros, sobre todo en el área de la minería.

2.- Los movimientos islamistas radicales en la zona del Sahel-Magreb y en otros países del continente.

Sobe la primera de estas cuestiones, creo que sería muy conveniente poner en práctica la idea del Embajador Álvarez Fuentes en el sentido de convocar a los centros de estudios de África de El Colegio de México y de la UNAM a realizar estudios conjuntos sobre esta compleja problemática, sin la cual no es posible entender la situación política interna de la mayoría, si no es que la totalidad, de los países africanos.

En relación con el segundo punto, hay que tener presente que hoy dos intereses externos predominantes en la zona: Estados Unidos y Francia y. por extensión, la OTAN y la UE.

Como se sabe, Estados Unidos creó en 2008 un comando militar general para África, el AFRICOM , el cual en pocos años ha establecido no menos de 46 bases militares en el continente, de mayor o menor planeada durabilidad además de la base gigantesca en Djibouti, Camp Lemonnier. La mayor parte del resto de las bases albergan fuerzas especiales de operación (SOF) de no menos de 200 hombres que tienen una gran movilidad transfronteriza y algunas son bases de drones. El autor de esas investigaciones calcula que el total de hombres altamente especializados asciende a 1700 repartidos en esas 46 bases.

La nomenclatura del Pentágono oculta el número de bases reconociendo sólo una base militar, la de Djibouti, mientras que las otras las clasifica como Forward Operation Sites (FOS), Cooperative Security Locations (CSL) y Contingency Locations (CL), según su tamaño y durabilidad prevista,

En un informe obtenido mediante la Freedom of Information Act, el general Donald Balduc, comandante del Special Operation Command Africa (SOCAF) describió las tareas de la siguiente manera:

“Africa’s challenges could create a threat that surpasses the threat that the United States currently faces from conflicts in Afghanistan, Iraq, and Syria.”

Y resumió sus tareas así:

….”ever-expanding illicit networks, terrorist safe havens, attempts to subvert government authority, a steady  stream of new recruits and resources.”

Es decir, que las tropas norteamericanas son esenciales para la estabilidad de los gobiernos en los países que operan, incluyendo la represión de movimientos de origen étnico, además, por supuesto, de negar una base estatal a grupos djihadistas.

Francia, por su parte, deriva su inserción militar en la  zona del Sahel al menos en dos circunstancias: primero que las organizaciones extremistas puedan establecer una base estatal en el Sahel y/o el Magreb que facilite la comisión de actos violento por sí o mediante vínculos con segmentos de la enorme población de origen saheliano o Magrebino en Francia, y segundo, la seguridad de su principal fuente de uranio en Níger para alimentar sus plantas nucleares que proveen el 78% del total de  la energía eléctrica que consume Francia.

Como se sabe, hasta 2012 Mali era un país bastante estable, a excepción de un área en el despoblado y desértico norte, de ausencia de Estado, contrabando, tráfico de drogas y de personas, así como de un antiguo descontento entre las tribus de Touaregs que reclamaban mayor autonomía. La caída de Ghadaffi en Libia, donde un buen número de Touaregs formaban parte de sus fuerzas armadas, desplazó a muchos de éstos a sus tierras de origen y a la radicalización de sus demandas, que crecieron para exigir la creación un estado llamado Azawad. El levantamiento atrajo de grupos de radicales islamistas que lograron importantes avances, el control de poblaciones a las que sometieron a un estricto régimen y la marginación de los grupos de Touaregs en las operaciones militares.

El descontento de las tropas por la mala conducción de los operativos, dio lugar a que uno de cuyos oficiales, entrenado por Estado Unidos, pero no dirigido por éstos, diera un golpe de Estado con efectos desastrosos, pues los islamistas estuvieron a punto de tomar Bamako. El pánico cundió en París y rápido se armó la Operación Serval que logró replegar a los islamistas quienes se dispersaron en el desierto. En acciones conjuntas de la Unión Africana y Naciones Unidas se crea la MINUSMA, una operación de mantenimiento de la paz destinada a restaurar la autoridad estatal y realizar obras sociales en el norte de Mali, pero no para combatir a los remanentes de los grupos islamistas, que reanudaron los ataques y realizaron algunos avances. Francia lanza entonces la Operación Barkhane para combatirlos con una fuerza de 4000 hombres, con base en Chad y una importante estructura logística y de movilidad.

El movimiento de los djihdistas por todo el Sahel a través de fronteras en el desierto llevó al diseño de una nueva estrategia llamada Fuerza Conjunta G5 Sahel que involucra a los cinco países de la zona, Mauritania, Mali, Burkina Fasso, Niger y Chad, conjuntamente con Francia para integrar una fuerza de 5,000 soldados con capacidad para desplazarse través de las fronteras, que sumados a los de MINUSMA y Barkhane dan un total de 19,000 efectivos.

A estos hay que agregar dos misiones de entrenamiento y una de capacitación de la UE en Níger. Estados Unidos tiene una operación de entrenamiento llamada Operation Enduring Freedom Trans-Sahara, dos bases de drones en Níger y Burkina Fasso y el emplazamiento de aproximadamente 1000 efectivos de las Special Operation Forces en varias bases de los cinco países, además de las operaciones que llevan a cabo conjuntamente Francia y Estados Unidos en los países de la cuenca del Lago Chad, o sean Nigeria, Chad, Camerún y Níger. El nivel de coordinación entre todas estas operaciones es muy pobre y sus objetivos son principalmente militares, por lo que los riesgos de afectación a la población civil son enormes y tiende a desplazarse en grandes números aumentando la carga a gobiernos de países que se encuentran entre los más pobres del mundo y, por ende, crece el riesgo de inestabilidad permanente.

Pese a la dimensión de la crisis y de los operativos militares para controlarla, algunos analistas consideran que, en vista de la diferencia del entorno geográfico y de los intereses políticos involucrados, la posibilidad que las acciones djihadistas crezcan a un nivel cercano al que han tenido en Siria, Irak y Somalia, es un tanto remota y crece a expectativa que en un período relativamente corto se neutralice esa amenaza a un nivel manejable por los propios Estados de la región.

Al principio de esta exposición dijimos que África ha estado mucho tiempo fuera del campo visual de nuestra política exterior. La respuesta es quizá que no ha estado dentro de los intereses nacionales un acercamiento bilateral a ese continente relativamente nuevo en la escena internacional. Pero las cosas cambian. Y así como en los océanos hay lentísimas pero poderosas corrientes a muy grandes profundidades que, no obstante, resurgen y condicionan el clima de todo el mundo, en las relaciones internacionales hay cambios lentos o catastróficos cuyas consecuencias debemos hacer el esfuerzo por atisbar o imaginar para que no nos ahoguen cuando sean evidentes.

Se ha dicho que el siglo XX no comenzó en 1900, sino años más tarde, a partir 1918, cuando se colapsaron los grandes imperios, se asentó una economía global basada en un nuevo tipo de comunicaciones, el telégrafo, el teléfono, los trenes y barcos al vapor, el transporte aéreo, los cables submarinos y surgió el nacionalismo. Todo ello marcó el derrumbe de las estructuras políticas internacionales que habían regido el siglo XIX, de la misma manera como el fin del siglo XVIII no ocurrió en 1800, sino en 1812, con la derrota de Napoleón en Moscú, y se consolidó con el Congreso de Viena de 1814 que marcó  el fortalecimiento de los imperios que cayeron en 1918.

El siglo XXI tampoco comenzó en el año 2000. La descomposición política y económica de la Unión Soviética tuvo un largo proceso que detonó con su desaparición en 1991, que Vladimir Putin ha llamado el desastre estratégico más grande de la historia. La unipolaridad que le siguió no ha sido el inicio de una nueva era, sino la continuación del declive de las estructuras del poder internacional del siglo XX: el fin del eurocentrismo, la incapacidad de una Europa des-colonizada, incapaz de disociar sus intereses de los de Estados Unidos y de diseñar una voz propia en las relaciones internacionales, el estado de guerra permanente de Estados Unidos, que es permanente porque lleva en sí el germen de la derrota, el alto total a la proyección del poder internacional de Estados Unidos en Rusia, China, Corea del Norte,  Asia en general y, podríamos decir, América Latina. El capítulo de Venezuela no está cerrado, pero hay que recordar que Estados Unidos lleva acosando a Venezuela cerca de 18 años y en 12 años no ha podido contra Bolivia y 10 años contra Ecuador, algo inconcebible si viviéramos en los años sesenta, setenta u ochenta del siglo XX.

China ha resurgido y lenta pero inexorablemente está en camino de convertirse en la primera potencia mundial. Ha hecho prevalecer sus intereses en el Mar del Sur de China y dejado de actuar en el caso de Corea del Norte hasta un momento en que, hacerlo, no implique una ganancia para Estados Unidos. Rusia ha causado a Estados Unidos una derrota colosal en Siria y reasumido su papel de actor principal en el Medio Oriente, mientras Irán fortalece su ascendencia política y militar en esa región y causa una histérica, desesperada pero inconsecuente reacción de Arabia Saudita.

Estados Unidos ha cambiado las velocidades y variado el rumbo. No digo Trump porque él representa un sector bien definido del establishment político del país. De manera radical se ido aislando y socavando a la vez estructuras diseñadas mundialmente sin ofrecer más alternativa que sus propios y estrechos intereses.  Estados Unidos ha visto disminuida su influencia en el Medio Oriente y el relativo vacío de poder occidental generado está siendo ocupado por Francia, que actúa en función de sus intereses nacionales y no de los de Europa. La reciente decisión de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel ha sido una victoria pírrica, porque ha resaltado el aislamiento político norteamericano, incluso respecto de sus incondicionales aliados europeos, que por primera vez, con una sola voz, disienten en una cuestión de primera importancia.

Hago este resumen para resaltar que estamos frente a un cambio muy importante en las relaciones internacionales. Podríamos decir que estamos entrando, por fin, al siglo XXI y debemos hacer un esfuerzo para imaginar el curso que tomará el mundo para discernir cómo debemos actuar.

El viernes 8 de diciembre se publicó una noticia en la que se reseñaba una propuesta del Partido Socialista de Alemania, en el contexto de las negociaciones para formar un gobierno de coalición con la Socialdemocracia, a fin de promover una federación de Estados Unidos de Europa. En apoyo de su propuesta, el presidente de los socialistas alemanes decía que el mundo se encaminaba a unas relaciones entre continentes más que entre países, como lo demostraban Asia, África y América Latina. Merkel desechó la idea como “inoportuna” pero no la rechazó de plano. Lo importante es que la propuesta apunta a la percibida necesidad de Europa de adaptarse a una nueva realidad internacional con la que se sienten desfasados y de la que sólo sacarán provecho si Europa actúa como un todo en función de intereses propios.

Con un país vecino, animado de un activo racismo anti-mexicano hostil como posiblemente no se había visto en la historia, y una relación comercial que se prevé debilitada a futuro, parece que México comienza a buscar también un reacomodo a nivel continental, después de más de quince años de conceder unilateralmente más de lo que Estados Unidos ha demandado. La participación del Secretario Videgaray en las negociaciones entre el presidente Maduro y la oposición puede ser un paso positivo hacia la consolidación política regional como un valor superior sobre las diferencias ideológicas. Pero cualquiera que fuese el desenlace en ese caso en  particular, vivimos en un proceso de cambios profundos en nuestra relación con un Estados Unidos, simultáneamente agresivo y en repliegue, que requiere de fuertes enlaces políticos a nivel mundial, particularmente con el continente con el que menos los tenemos: África, tanto a nivel nacional como continental

Estas son hipótesis que deben ser  comprobadas en análisis muy realistas y cuidadosos, para lo cual creo muy acertada la idea planteada hace unos días por el Embajador Álvarez Fuentes, en el sentido de aglutinar los esfuerzos de investigación y análisis de los centros de estudios sobre África de El Colegio de México y a UNAM con los de la Dirección de África y Medio Oriente para hacer un estudio amplio de planeación estratégica sobre el papel de ese continente en la política exterior de México, que sirva de base para propuestas concretas de fortalecimiento bilateral y continental.

Ciudad de México, a 12 de diciembre de 2017

(Foto: Salón del Plenario de la Organización de la Unidad Africana)

 

 

México y la Estrategia de Seguridad Nacional de Trump

 

 

 

por Embajador (r) Francisco Correa Villalobos

En el más puro estilo trumpiano, la Estrategia Nacional de Seguridad (ENS) de Estados Unidos abunda en inexactitudes, medias verdades y, de plano, mentiras.

Su agresiva retórica, evidente desde la primera oración, destaca la misma realidad que pretende ocultar: el repliegue del país vecino en la proyección mundial de su poder, la pérdida de liderazgo entre sus aliados, su derrota militar y diplomática en Siria, su autoinfligida derrota sobre Jerusalén, su impotencia militar y diplomática frente a Corea del Norte y China, etcétera. En pocas palabras: su aislamiento.

La ENS es un intento por remediar el malaise (malestar) de la opinión pública estadunidense, cansada de la estéril guerra permanente, que pretende galvanizarla en una paranoia con la fuerza como único remedio y con el designio de revertir lo que no es sino el declive de las estructuras del poder internacional heredadas de la Segunda Guerra Mundial.

La ENS contiene, entre otras, dos importantes cuestiones que tocan a México: la acción directa de Estados Unidos en el combate a las organizaciones delictivas trasnacionales en su mismo origen y la protección de las fronteras.

La criminal decisión de Felipe Calderón de militarizar el combate al narcotráfico implicó desde un principio el involucramiento del gobierno de Estados Unidos en la guerra contra los cárteles. Pero la ENS apunta ahora a acciones directas por efectivos estadunidenses contra las organizaciones criminales transfronterizas, lo que sugiere el empleo de esquemas muy difundidos con los que operan las Fuerzas de Operaciones Especiales en África y Medio Oriente: de manera independiente con uniformes e insignias de los países huéspedes. O por mercenarios.

En este contexto, si bien hasta ahora las autoridades mexicanas no han negado la presencia y operación de efectivos extranjeros en nuestro país y sólo se niegan a detallar sus funciones, con la Ley de Seguridad Interior su presencia y actividades serán absolutamente secretas. Uno debe preguntarse si el apuro para aprobar la referida ley de seguridad no estaba previsto para adelantarse unas horas a la ENS y embonar ambos en un solo proyecto.

Desde hace años, para Washington la protección de sus fronteras incluye la sur de México como propia. Las tropas mexicanas en los límites con Guatemala operan con mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero con la supervisión del Comando Norte de Estados Unidos, que también la ejerce sobre las fuerzas guatemaltecas en el lado de su frontera. La ENS toma esta realidad como punto de partida para estrechar los tejidos de las redes e impedir el paso de quienes, por color o creencia, Estados Unidos los percibe como amenaza, sean de África, o de las minúsculas minorías musulmanas de Belice, Trinidad y Tobago o Guyana.

La ENS confirma que la nueva normalidad en las relaciones con Estados Unidos son las amenazas contra la soberanía nacional. Todos los mexicanos debemos estar conscientes de que, en la inmensa lista de problemas que conforman la crisis de México, hay que subir de rango los que surgen de nuestra relación con el vecino del norte.

Publicado en La Jornada, 20 de diciembre de 2017

Discurso del Representante de México en la OEA el 24 de julio de 2017

Ante la absoluta imposibilidad de la Asamblea General de la OEA de imponer  desde afuera un arreglo de la crisis en Venezuela,  la desbandada de la oposición frente a la derrota electoral que creó la Asamblea Constituyente y las elecciones de gobernadores y alcaldes en las que participó la oposición, la crisis en ese país sudamericano ha entrado en una nueva etapa para doblegar a su gobierno y a millones de sus seguidores, con la aplicación de drásticas medidas de presión económica y financiera similares a las que en su tiempo se aplicaron a Irak, como preludio a la sangrienta agresión militar encabezada por Estados Unidos,  y se siguen imponiendo a Rusia, Cuba, Siria y Corea del Norte  como recurso alterno al retroceso de la proyección militar y política de Estados Unidos y de su satélite, la Unión Europea.

En el continente americano, doce países, entre ellos México, se vieron forzados en su activismo político contra el gobierno de Maduro y sus millones de partidarios, a transitar de la OEA a un grupo llamado de Lima, cada vez más difuminado y menos relevante.

En todo este proceso, que para México se inició, al menos públicamente, con la audiencia que concedió la entonces Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu Salinas de Gortari, a Lilian Tintori  en febrero de 2016,  el Gobierno de México no ha emitido ningún documento que analice, explique o justifique ante la opinión pública mexicana lo que a todas luces es un vuelco en una política exterior de muy larga tradición y profundamente arraigada en la conciencia política de los mexicanos.  

El documento que se transcribe a continuación no constituye un análisis pero si es un inventario de los temas o cuestiones que  incomodan al Gobierno de México de la crisis de Venezuela aunque no explique, ni mucho menos desmenuce, las razones ideológicas, jurídicas o políticas por las que le molestan. Se trata del discurso del entonces Representante Permanente de México ante la OEA, Embajador Alfonso de Alba Góngora, y ahora Subsecretario para América Latina y el Caribe, pronunciado el 24  de julio de 2017 en una reunión de la Comisión Permanente de la OEA.

Una opinión de varios Embajadores de México jubilados sobre dicho discurso puede encontrarse en México Internacional bajo el título “Carta a Senadores de la República”, de fecha 24 de agosto de 2017

Francisco Correa Villalobos, Embajador de México en retiro

Discurso del Representnte Permanente de México ante la OEA, el 24 de julio de 2017

Señor presidente,

Apreciamos la oportunidad que proporciona este espacio para analizar de manera constructiva y responsable, la situación en Venezuela y la forma en que nuestros países pueden contribuir a la solución pacífica de un conflicto que se agudiza día con día y que amenaza con desbordarse de un momento a otro. La actuación de este Consejo Permanente, misma que refleja la posición mayoritaria de los Estados miembros de nuestra Organización, no puede, ni debe ser cuestionada y menos aún responsabilizada por la violencia. Hacerlo es irresponsable y sólo se entiende como un intento de evasión de responsabilidades.

 Si algo caracteriza a nuestro hemisferio son los valores compartidos, plasmados en la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, entre los que figuran la solidaridad, la solución pacífica de las controversias, el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional, así como el respeto a la soberanía. Es sobre la base de esos valores que México, y estoy seguro que el resto de los países miembros, hoy nos pronunciamos nuevamente a favor de una salida negociada que permita a los venezolanos retomar la senda de la democracia y la convivencia armónica.

Lo que sucede en ese hermano país es motivo de profunda preocupación y resultado del deterioro paulatino de una relación entre actores políticos, sociales y económicos, en la que ninguno puede prevalecer sobre el otro. En Venezuela se ha producido una alteración del orden constitucional, en detrimento del estado de derecho, la protección de los derechos humanos y  la división de poderes, entre otros.

 

Hay un pueblo polarizado y una escalada de violencia, que, al día de hoy, lamentablemente, ha cobrado más de un centenar de vidas y ha dejado miles de heridos y detenidos. En este contexto, compartimos las preocupaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el recurso a operativos militares para reprimir las manifestaciones sociales y el uso de la jurisdicción militar para procesar a civiles.  Estas acciones no tienen ninguna justificación y solo se convierten en detonadores de más violencia.

Con absoluto respeto de la soberanía venezolana, acompañamos el llamado de la Comisión para que  el gobierno de ese país cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos e insistimos en que el principio de no intervención no puede, ni debe ser invocado para justificar alteraciones al orden democrático o para eludir responsabilidades en materia de derechos humanos.

El ataque contra la Asamblea Nacional ocurrido el pasado 5 de julio, en el que fueron agredidos varios legisladores y otros actos de violencia como el perpetrado contra el Tribunal Supremo de Justicia el pasado 27 de junio son a su vez hechos inaceptables en cualquier democracia y por ello fueron inmediatamente rechazados y condenados por México. Condenamos asimismo la detención de tres magistrados del Tribunal Supremo de Justicia recientemente electos por la Asamblea Nacional.  

 Acciones de este tipo demuestran la intolerancia y la polarización que prevalece hoy en Venezuela, donde, además, se recurre con frecuencia a un discurso divisivo y de manera falsa se crean “teorías de la conspiración” que pretenden culpar a otros países de lo que ocurre en el país, al mismo tiempo que se amenaza o descalifica al contendiente político. Nada más lamentable. Reiteramos por ello el rechazo categórico a las acusaciones, sin ningún sustento, en el sentido de que México trabaja con otros países para afectar al gobierno de Venezuela. Es evidente que con estas falsas acusaciones se intenta crear distracciones en lugar de atender los problemas reales.

Estamos convencidos de que la solución para restaurar el orden democrático debe partir de un proceso de acercamiento político y de la negociación entre venezolanos, iniciando con la reconsideración por parte del Gobierno de la convocatoria a una asamblea nacional constituyente, la cual ha provocado que las diferencias entre las partes se agudicen, tal como lo refleja el resultado de la consulta popular realizada el pasado 16 de julio a convocatoria de la Asamblea Nacional.

Por ello, México reitera su llamado al gobierno del presidente Nicolás Maduro para que  tome en cuenta los resultados de esa consulta y suspenda la convocatoria a la asamblea constituyente. El gobierno de Venezuela y el presidente Maduro tienen la oportunidad histórica de abrir un nuevo camino de reconciliación y paz reconsiderando la convocatoria a la constituyente y creando las condiciones para iniciar un proceso genuino de negociación política entre todos los venezolanos.

Apreciamos como una señal positiva el traslado de Leopoldo López, de Wilmer Azuaje y del periodista Braulio Jatar a sus domicilios. Estos hechos deben ser una oportunidad para acercar a las partes y para que se comprometan a encontrar, a través del diálogo y la negociación genuinos, el camino para resolver la crisis política, económica y humanitaria de Venezuela. Reiteramos sin embargo la necesidad de que todos los presos políticos sean liberados.

Señor presidente,

Todos los Estados aquí representados tenemos la responsabilidad de coadyuvar a la solución del conflicto en Venezuela, con apego al derecho internacional y a los compromisos libremente pactados a favor de la democracia y los derechos humanos, por lo que México continuará participando activamente en la conformación de acuerdos, en un marco de respeto, solidaridad y amistad fraternal con el pueblo venezolano.

Como lo hemos señalado en otras ocasiones, este es un espacio de diálogo y concertación que debemos mantener para ofrecer opciones al pueblo venezolano, utilizando los mecanismos que los propios Estados hemos construido, con el único fin de coadyuvar a encontrar una salida negociada a la difícil situación por la que atraviesa Venezuela y apoyar el pleno restablecimiento de la democracia en ese país. Gracias.