Después de un interludio de silencio, México Internacional reanuda sus artículo y documentos con la publicación de dos textos sobre el caso Venezuela en la política exterior de México, un tema que tomó a casi todo mundo por sorpresa por su desvío y alejamiento de una política sostenida por más de un siglo y medio que sirvió bien a los intereses de nuestro país. El primero es un corto texto del que esto escribe en el que simplemente se pregunta el porqué de ese cambio. El segundo es una carta que dirigen tres embajadores de carrera jubilados a senadores de la República, en la que fundamentan jurídicamente la ilegalidad de esa política y piden a los senadores que se erijan en los guardianes del apego de la política exterior de México a los preceptos constitucionales y a las normas del derecho de gentes más elementales de la convivencia internacional.

 

Ciudad de México, a 22 de agosto de 2017.

 

 

  1. Senadora Dolores Padierna Luna,

P r e s e n t e .

 

Distinguida senadora Padierna Luna:

 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted en nuestra condición de Embajadores de México de carrera jubilados del Servicio Exterior Mexicano, con una larga experiencia en ese servicio del Estado, con el objeto de llamar su atención a la delicada crisis que se ha creado contra Venezuela, con motivo de la situación interna que vive ese país hermano.

 

Al respecto, destacamos a su atención el artículo 89 fracción X de nuestra Carta Magna que, al definir las facultades del jefe de Estado, indica que el presidente dirige la política exterior.  Añade que en el cumplimiento de esta responsabilidad, “…observará los principios de autodeterminación de los pueblos, no intervención…”. La Constitución no establece una facultad potestativa sino que asigna una obligación al Poder Ejecutivo que, en este caso, ha sido violada.

 

Debemos subrayar que el principio de no intervención no sólo es una norma constitucional, sino que constituye una norma de derecho internacional reconocida como tal por la Corte Internacional de Justicia, el tribunal de más alta jerarquía mundial, en su sentencia Nicaragua vs Estados Unidos de 1986 (International Court of Justice. Year 1986. 27 June 1986. Case concerning military and paramilitary activities in and against Nicaragua. (Nicaragua v. United States of America).   

 

Como lo señaló la Corte en dicha sentencia, la norma de no intervención prohíbe a todos los Estados o grupos de Estados intervenir directa o indirectamente en los asuntos internos o externos de otros Estados. Una intervención, dice la Corte, afecta cuestiones sobre las que un Estado, en virtud del principio de soberanía del Estado, debe decidir libremente. Una de estas cuestiones, añade la Corte Internacional de Justicia, es escoger libremente su sistema político, económico social y cultural, así como la formulación de su política exterior. (Véase ibid. p 205)

 

También dijo la CIJ, el principio de respeto a la soberanía de los Estados está, en derecho internacional, estrechamente relacionado con el principio de no intervención. (ibid., p. 212). En otras palabras, no se puede violar el principio de no intervención sin violar los principios de igualdad soberana de los Estados y de respeto a la soberanía del Estado.

 

También, hay que recordar que la Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 2º reitera la igualdad soberana de los Estados, y en la de la Organización de Estados Americanos, las fracciones b) y e) del artículo 3, explícitamente señalan ambos principios como normas a respetar.

 

Consecuentemente, a la luz del derecho internacional, está fuera de toda norma la declaración del Representante Permanente de México ante la Organización de Estados Americanos Embajador Luis Alfonso de Alba, cuando dijo el 24 de julio de 2017, que “con absoluto respeto a la soberanía de Venezuela…insistimos que no puede ni debe invocarse el principio de no intervención para justificar alteraciones al orden democrático”. Esta política no sólo viola el artículo 89 X de la Constitución y el derecho internacional, sino que implícitamente admite a priori una intervención extranjera en México si se ejerce el derecho establecido en el artículo 39 constitucional y en el artículo 3 de la Carta de la OEA.

 

Como justificación de las medidas políticas, y ahora económicas contra Venezuela, se ha invocado la aplicación de la resolución de la Asamblea General de la OEA, llamada Carta Democrática Interamericana, un documento que carece de fuerza obligatoria porque no tiene las características que el derecho internacional de los tratados establece para crear obligaciones a los Estados. Pero aun suponiendo, sin conceder, que Venezuela hubiera asumido como obligatorios los compromisos que fija la Carta Democrática, no justificaría que otros Estados (como los de la Declaración de Lima) tengan el derecho de verificar su cumplimiento y aplicar dicha Carta, ya que el compromiso se habría contraído frente a la OEA y no ante dichos Estados y  la Organización fue incapaz jurídicamente de aplicar esa Carta en las últimas sesiones del Consejo Permanente de la OEA y en su Asamblea General celebrada en Cancún. (Véase a este respecto ibid para 262)

 

Esta “nueva política exterior”, que data del sexenio de Ernesto Zedillo y  continuó en los de Vicente Fox y Felipe Calderón, apoyados por opiniones de intelectuales y funcionarios de nuestra Secretaría que han argumentado que los principios constitucionales en la materia deben “modernizarse” o que deben ser “flexibles”-, -sin tomar en cuenta que el presidente de Estados Unidos ha amenazado con usar la fuerza contra México- en la actual administración federal su inobservancia ha sido llevada a una insólita, e injustificada tensión con un país hermano que ha mantenido relaciones de cordialidad y cooperación con el nuestro.

 

La actuación del secretario Luis Videgaray, de la subsecretaria Socorro  Flores Liera y del Representante Permanente ante la OEA, Luis Alfonso de Alba, en el marco de las últimas sesiones del Consejo Permanente de la OEA y de la  última Asamblea General de dicho organismo celebrada en Cancún,  ha recibido duras y justificadas críticas de parte del gobierno venezolano y de otras naciones latinoamericanas y caribeñas, extrañadas de un proceder totalmente contrario a la tradición moral, constitucional y de respeto al derecho internacional de nuestra política exterior, invariablemente aplicada durante más de ciento cincuenta años y al espíritu latinoamericanista que la ha distinguido.

 

No estamos convencidos de que La Democracia y los Derechos Humanos, ambos valores universales, sean el motivo de  la política exterior en el caso de Venezuela, porque si así fuera, por simple coherencia estaríamos  interviniendo en los asuntos internos de la inmensa mayoría de los Estados miembros de Naciones Unidas.

 

El 27 de febrero, el secretario Videgaray pidió al Senado que prestara su concurso en la formulación de una política exterior de Estado, y en esa tarea, estamos convencidos que el Senado de la República debe  erigirse como garante de la integridad jurídica de la política exterior e impedir que, a nombre de México, se implemente una política que atenta contra normas y principios de elemental convivencia internacional aceptados universalmente, que puede revertirse contra los intereses de seguridad nacional de México.

 

El Senado de la República  tiene la capacidad para interpelar al Poder Ejecutivo en materia de política exterior y, creemos, que ésta es una oportunidad única de hacerlo para que el Presidente y su Secretario de Relaciones Exteriores expliquen el verdadero motivo de una actuación carente de toda licitud en el caso de Venezuela.

 

 

Embajador de México en retiro Sergio J. Romero Cuevas

Embajador de México en retiro Francisco Correa Villalobos

Embajador de México en retiro Enrique A. Romero Cuevas

 

 

 

 

 

 

 

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