Por Francisco Correa Villalobos,

Embajador de México en retiro.

Como casi todas las precedentes, la XXIX Reunión de Embajadores y Cónsules Generales fue un costoso ejercicio de futilidad. Celebrado del 8 al 11 de enero, en ninguna de sus fases y divisiones el encuentro ofreció a sus participantes una visión estratégica, ni general ni por regiones y mucho menos por países, de los objetivos de la política exterior de México. El evento fielmente siguió el patrón de generalidades e indefiniciones adoptado desde el inicio del sexenio, a pesar de que, a un año de la toma de posesión de Trump, ésta hubiese sido la mejor oportunidad de fijar ante la opinión pública, y sobre todo para orientación de nuestros diplomáticos, la posición política frente a la amenaza más clara y contundente contra nuestra independencia y soberanía a que nos hemos enfrentado en casi un siglo.

Las reuniones fueron concebidas en 1988 por el entonces Secretario de Relaciones Exteriores Fernando Solana, a un mes de haber tomado posesión del puesto en una administración que se había propuesto dar un golpe de timón, todavía públicamente indeterminado, en la política exterior. Como siempre, la SRE estaba en la penuria presupuestal y Solana encontró factible superar ese obstáculo, aprovechando que muchos embajadores y cónsules generales pasaban en México las fiestas de diciembre sufragando sus propios gastos de traslado o aprovechando el beneficio de un viaje a México cada dos años a cargo del erario. La asistencia a las reuniones era -y es- pues voluntaria. Va el que quiere.

El propósito de esa primera reunión en 1989 no era tanto dar una novedosa línea de política exterior cuanto permitir a Solana conocer de primera mano en dos o tres días cuál era la presunta línea conforme a la cual actuaban los embajadores y cónsules en el exterior y, de paso, conocer personalmente a los titulares de las oficinas presentes en la reunión. El cónclave tuvo así un carácter esencialmente interno de la SRE que conservó hasta la reunión de enero de 1992, sin que en ellas se hiciera un planteamiento de nuevos objetivos diferentes a los esencialmente defensivos que habían predominado desde los años 30, excepto la de 1990 en la que se destacó sobremanera el interés en las relaciones con América Latina, para mitigar la profunda crítica reacción de los países latinoamericanos ante la decisión del gobierno de México de buscar su integración comercial con Estados Unidos en lugar de los países iberoamericanos.

Las negociaciones formales del TLC se iniciaron en febrero de 1991 bajo la dirección del Secretario de Comercio y Fomento Industrial, Jaime Serra Puche, sin la participación de Secretario Solana o de un equipo de Relaciones Exteriores, quien, para la reunión de 1992, invitó a un grupo de negociadores mexicanos para que  ofrecieran a los embajadores y cónsules un panorama de los múltiples temas y estado de las negociaciones de un tratado que se antojaba como el más importante para México desde el de Guadalupe Hidalgo de 1848.

Dicho esquema evolucionó para incorporar en las reuniones subsecuentes a diversos secretarios de estado que dictaron conferencias sobre los temas de su cargo, al tiempo que se   eliminaban las reuniones paralelas por regiones. Los cataclísmicos cambios en la estructura del poder mundial de principios de la década de los noventa quedaron como un mero telón de fondo, sin análisis sobre sus consecuencias en nuestra vida de relación internacional y las reuniones fueron adquiriendo un carácter de colorido evento de propaganda oficial con la asistencia del cuerpo diplomático y una amplia pero superficial cobertura de prensa, radio y televisión.

Con la llegada de los gobiernos del PAN los temas de comercio exterior tuvieron mayor relevancia hasta convertirse en el sexenio actual en centrales de las conferencias de los secretarios de estado y de invitados de la iniciativa privada mexicana, al tiempo que, con un criterio neocolonial, se abría la puerta a investigadores y profesores extranjeros para ilustrar a embajadores y cónsules generales sobre el aprovechamiento de las herramientas digitales, el fortalecimiento de la diplomacia ante el surgimiento de nuevos actores no estatales y el diseño de política exterior sobre diferentes regiones del mundo. Entre todos ellos, debe destacarse las asombrosas, enérgicas y reiteradas exhortaciones de José Ángel Gurría, como director general de la OCDE, para que los embajadores asumieran el papel de vendedores de productos mexicanos en el extranjero.

La recién concluida reunión de embajadores y cónsules generales será la única en que habrá participado Luis Videgaray como Secretario de Relaciones Exteriores, desde luego si descartamos un triunfo de su amigo y protegido José A. Meade K para llegar a la presidencia y si es refrendado como canciller, dos imponderables difíciles de anticipar en el ambiente electoral de este momento. Pero tal vez por ello, en abono de su gestión, el Secretario Videgaray hizo un esfuerzo por ofrecer lo que él llamó una estrategia de política exterior que explique su actuación en 2017 y trace un rumbo de lo que hará en 2018.

Sin mencionar a Trump ni a Estados Unidos por su acometida contra la diplomacia multilateral emprendida por Trump, Videgaray reafirmó el multilateralismo como la mejor herramienta para encarar y resolver los problemas comunes a que se enfrenta a humanidad -entre los que destacó los cambios climático y tecnológico, la migración y las armas nucleares-  y el mejor medio para promover los intereses de México, conforme a los principios de política exterior establecidos en la Constitución.

Sobre las armas nucleares, Videgaray destacó las medidas que México ha adoptado en relación con la República Popular y Democrática de Corea, pero inexplicablemente dejó en el tintero dos cuestiones que hubieran dado a su discurso la coherencia y el equilibrio político que siempre ha caracterizado a México en el tema de desarme nuclear:

1).- Que desde fines del siglo XX el gobierno de Estados Unido señaló a la RPDC, junto con Irak y Siria, como un país donde había que producir un “cambio de régimen” y que su programa nuclear arrancó en ese momento como reacción a esa clara amenaza.  Por otra parte, no observar el equilibrio político en una pugna entre una antigua y una nueva potencia nuclear y centrar la crítica en la segunda, significa legitimar el “oligopolio nuclear” al que pertenece la primera y contradecir el interés nacional explícitamente incorporado en la negociación y conclusión del Tratado para la Eliminación de las Armas Nucleares, tan exaltado por el propio Videgaray en la misma reunión. Contradicciones como ésta no pueden escapar a la atención de un político sagaz como Videgaray, quien seguramente tenía otros objetivos, externos o internos, en su política hacia Corea del Norte.

2).- El gigantesco programa de modernización del arsenal de armas nucleares de Estados Unidos, que tiene por objeto desarrollar miles de armas nucleares de un bajo potencial que haga más creíble su uso en conflictos militares con países no nucleares o con actores no estatales. En todo caso, se trataría de armas nucleares con un potencial igual o más bajo al de las que se usaron en Hiroshima y Nagasaki,1 con lo que se borraría la diferencia entre un conflicto nuclear y uno convencional y se acercaría al mundo a una guerra nuclear generalizada.  Este programa, así como el de Rusia de torpedos nucleares intercontinentales y el de China de misiles hipersónicos de re-entrada, constituyen un preocupante escalamiento que amenaza la supervivencia de toda la humanidad que no se mencionó en la reunión.

En la cuestión de Jerusalén, al igual que en los casos de Corea del Norte y las armas nucleares, tal vez existen  otros intereses que los ostensiblemente declarados por Videgaray, quien justificó la abstención de México sobre la resolución de la Asamblea General Especial de Emergencia que condenó la decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, en violación de una decisión obligatoria del Consejo de Seguridad, aduciendo que la misma “estigmatiza” países claves que deben ser parte de la solución y que “de lo que se trata es promover las mejores condiciones para alcanzar una solución al conflicto.” Este razonamiento parece la formulación en el plano internacional de la impunidad que ha aquejado por tantos años a México, pues de acuerdo con esa lógica, existe una crisis que para resolverla no debemos “estigmatizar” al país que la creó. Para enderezar esa lógica, hay que llamar las cosas por su nombre: sumisa complicidad.

Esos intereses no declarados se advierten también en el caso de Venezuela, sobre el que Videgaray reafirma su posición que la democracia representativa debe ser la única forma de gobierno que debe prevalecer en América Latina, pretendiendo negar a otros pueblos de América Latina y el Caribe el derecho del que goza  el pueblo mexicano, conforme al artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y soslayando la contradicción explícita de tal afirmación con los principios de no intervención y el derecho de los pueblos a la autodeterminación, conforme a la fracción X del artículo 89 de la Constitución y a la Declaración sobre los principios de derecho internacional relativos a las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados, conforme a la Carta de las Naciones Unidas, reconocida por la Corte Internacional de Justicia como fuente de derecho internacional.

La posición del gobierno de México en el caso de Venezuela sigue pues sin justificación oficial.

El capítulo relativo a las relaciones con Estados Unidos pudo haber sido más profundo para dar a los aspecto de la relación con el vecino una dimensión más diáfana acerca de lo que el gobierno de México pretende obtener de su proclamada vocación norteamericana, más allá de los meros aspectos de competitividad  -ya de por sí preocupantes en cuanto a la desigualdad de salarios- que podrían arrojar luz  sobre las obscuras posiciones en los casos de Corea del Norte, las armas nucleares, Jerusalén y Venezuela.

Ante la estrecha visión de negociación inmobiliaria que Trump pretende trasladar al ámbito internacional, resulta bienvenida la profesión de fe multilateralista de Videgaray, como el medio idóneo -amplia y largamente probado- para enfocar y resolver problemas comunes a toda la humanidad, el más apropiado para un orden mundial multipolar y el más conveniente para promover los intereses de México.

Sin embargo, la eficacia del multilateralismo disminuye en la medida en que se deteriora o quebranta la paz y seguridad internacionales, temas que estuvieron fuera del campo visual de la reunión. Así, por ejemplo, en el tema de la migración ampliamente tratado por el Secretario Videgaray en su discurso, no es posible encontrar una solución a los masivos movimientos migratorios en Europa procedentes del Medio Oriente sin un ambiente de paz y seguridad en esa región, quebrantado por el uso ilegal de la fuerza por un grupo de países encabezados por Estados Unidos en Siria, que, además, paraliza con su veto al Consejo de Seguridad.

Desde la creación de Naciones Unidas, México se ha esforzado por superar esa tara institucional, primero con propuestas relativas al proyecto de Dumbarton Oaks2 y, después con imaginativas fórmulas jurídicas sobre la “competencia residual” de la Asamblea General para tomar decisiones con base en los capítulos VI y VII de la Carta de Naciones Unidas, cuando el Consejo de Seguridad se vea impedido de actuar. Dicha tesis jurídica está claramente establecida en la resolución 377(V) de la Asamblea General, llamada Unión pro-Paz, la que:

“Resuelve que si el Consejo de Seguridad, por falta de unanimidad entre sus miembros permanentes, deja de cumplir con su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales en todo caso en que resulte haber una amenaza a la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión, la Asamblea General examinará inmediatamente el asunto, con miras a dirigir a los miembros recomendaciones apropiadas para la adopción ‘de medidas colectivas, inclusive, en caso de quebrantamiento de la paz o acto de agresión, el uso de fuerzas armadas cuando fuere necesario, a fin de mantener o restaurar la paz y la seguridad internacionales.”

Esta resolución, invocada en varias ocasiones por México respecto de casos diversos, constituye un recurso que debe tenerse siempre presente para superar la interposición del veto por cualquier miembro permanente del Consejo de Seguridad y se quiera promover una acción independiente en favor de la preservación de la paz y seguridad internacionales, lo que necesariamente redundará en el fortalecimiento del multilateralismo en general.

En resumen, la XXIX Reunión de Embajadores y Cónsules Generales suscitó más dudas de las que despejó sobre los intereses reales que mueven al actual gobierno de México en sus relaciones exteriores y los objetivo que pretende alcanzar con éstas. Como en el pasado, la política exterior, al igual que las que corresponden a otras dependencias federales, su diseño y aplicación se realizan con las cartas muy pegadas al pecho, sin la intervención del poder legislativo y, menos aún, de la academia especializada y de las organizaciones de la sociedad civil, con la diferencia que la que se siguió por cerca de 70 años fue una política exterior altamente coherente y consistente que desde hace decenios forma parte del imaginario político de los mexicanos. El esfuerzo fallido del Secretario Videgaray para identificar su política con la tradicional de México es una demostración de ello.

Ello nos lleva a la necesidad de formular una política exterior de Estado que involucre a los sectores de la sociedad arriba mencionados y dejar atrás el esfuerzo, también fallido, de esta administración de adoptar una a fines de enero de 2017.3

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1  https://fas.org/blogs/security/2017/06/new-nukes/

Más recientes artículos y documentos sobre este tema: https://www.nytimes.com/2018/01/16/us/politics/pentagon-nuclear-review-cyberattack-trump.html?emc=edit_nn_20180117&nl=morning-briefing&nlid=60236257&te=1&_r=0

http://www.huffingtonpost.com.mx/entry/trump-nuclear-posture-review-2018_us_5a4d4773e4b06d1621bce4c5

https://www.transcend.org/tms/wp-content/uploads/2018/01/Npr-2018-A.pdf   Contiene el texto completo.

2 Véase Emilio O. Rabasa, La participación de México en la fundación de la ONU y sus reformas. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1043/18.pdf

 

3  https://mexinternacional.mx/2017/03/10/redefinicion-de-las-relaciones-con-estados-unidos-o-bomberazo/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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