por Francisco Correa Villalobos,

Embajador de México en retiro

La reciente visita a México del Secretario de Estado, Rex Tillerson, puso de relieve lo que varios embajadores de México jubilados señalaron hace un año[1] como concesiones unilaterales que se extienden desde los gobiernos de Fox y Calderón y han continuado en el presente sexenio, adoptadas en la mayor secrecía por su intrínseca y profunda vulneración a la soberanía nacional.

El Secretario Videgaray afirmó en una conferencia de prensa que México estudia una propuesta norteamericana para que se permita la operación de air-marshalls estadunidenses en territorio nacional. Como se sabe, los air-marshalls son policías suicidas cuya función se ideó a raíz de los ataques a la Torres Gemelas, que vuelan de incógnito para el resto de los pasajeros en todos los vuelos dentro de Estados Unidos, con la única función de abatir a balazos a cualquier individuo que pretenda secuestrar un avión, aún si se compromete la vida de todos los pasajeros. Más recientemente se dotó a estos policías con tasers, o pistolas de electrochoque, como un arma alternativa pero no substituta del arma de fuego.

O sea que para los pasajeros no hay opción: o mueren por el pirata aéreo o por el kamikaze que pretende cazarlo. Los que se salvan son los gringos que se enterarán de lo sucedido por las noticias a la hora de la cena. Sacrificios que demanda el imperio a los países sometidos.

Que se admita que una propuesta en este sentido se está estudiando no augura nada bueno para los mexicanos, en vista de los deshonrosos precedentes en materia migratoria y de los efectos en nuestro país de la llamada guerra antiterrorista emprendida por Estados Unidos desde 2001. Uno de ellos es la operación desde hace años de agentes de la Customs and Border Protection en todos los aeropuertos internacionales del país, con el fin de filtrar a todos los pasajeros desde el momento de su documentación en el escritorio de la compañía aérea, bloquear todo trámite subsecuente y ordenar la detención de todo aquel que se encuentre en sus listas de no-fly o de sospechosos de terrorismo. La operación de estos agentes extranjeros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México le consta al autor de estas líneas.

Un esquema parecido lo acordó recientemente el gobierno de Estados Unidos con el de Canadá, el cual al llegar al parlamento para obtener su legalización provocó un verdadero alud de protestas del público. Desde 1952, agentes estadunidenses de aduanas revisaban el equipaje de los pasajeros antes de salir de Canadá, de manera que al llegar a Estados Unidos eran como pasajeros de un vuelo interno. Si el pasajero se negaba a la revisión, simplemente salía del aeropuerto y punto final. Con el nuevo acuerdo y legislación aprobada, los agentes de Estados Unidos pueden interrogar al pasajero y detenerlo hasta que agentes canadienses lo arresten o liberen. [2]

En Alemania, miembros del parlamento han criticado fuertemente la práctica de funcionarios del Departamento de Seguridad Interior (o más precisamente Seguridad de la Patria) de interrogar y detener a ciudadanos alemanes y de otras nacionalidades antes de abordar sus vuelos. Andrej Hunko, un legislador por el Linkspartei protestó por lo que llamó una prohibición extrajudicial a viajar y acusó a Estados Unidos de aplicar su política migratoria en los países europeos.[3]

La operatividad de los air-marshalls en México plantea serias dudas sobre su aplicabilidad porque no sólo se afectaría a los vuelos que se originen en nuestro país con destino a Estados Unidos, sino también a vuelos internos hasta una cierta distancia de la frontera y probablemente a todos los vuelos nacionales. Es difícil concebir que los negociadores estadunidenses dejen de suscitar el “riesgo” que puede representar un vuelo a Ciudad Juárez, Tijuana o Mexicali para las bases militares de Fort Bliss o Pendelton, o el que puede suscitar un vuelo de la Ciudad de México a Monterrey que, a velocidad de crucero, le tomaría quince minutos llegar a San Antonio. En otras palabras, los suicidas air-marshalls tal vez operarían en un gran número de vuelos internos -y quizá en todos- y no sólo en los que tienen como destino a Estados Unidos.

En todo proyecto estadunidense que implique “fronteras avanzadas”, México es el primer objetivo y hace falta una gran dosis de dignidad y honor para resistir de manera inteligente las fuertes presiones que dejan sentir los funcionarios de Estados Unidos cuando aducen razones de “seguridad nacional” de su país. A ello debe agregarse la dificultad política de echar atrás una concesión así sea unilateral. Cuando Estados Unidos, al declarar la guerra al Eje, solicitó la autorización para establecer una base naval en algún punto del litoral del Pacífico, el general Lázaro Cárdenas, entonces Secretario de Guerra se opuso con el argumento que lo de menos era dar la autorización, lo difícil sería sacarlos.

Y ciertamente no puede desconocerse que la estrecha vecindad plantea problemas de seguridad ajenos que se desdoblan sobre nuestro país y que en muchas ocasiones se vuelven propios, afectando otros intereses nacionales externos.

Recientemente, la Secretaria de Seguridad Interior, Kristjen Nielsen, una vikinga de probable ascendencia noruega del tipo que haría llorar de emoción racial a Trump, anunció el emplazamiento de dos mil agentes del Immigration and Customs Enforcement, Investigation (ICE) en un número no especificado de países para aplicar en otros países, por sí mismos, en las “fronteras avanzadas” de su territorio mundial, las nuevas y restrictivas normas de inmigración estadunidense.[4] Algunos de ellos, vendrán a sumarse los que ya operan como autoridad en los aeropuertos mexicanos o supervisando el desempeño de funcionarios y agentes del Instituto Nacional de Migración.

Y está también el número no especificado de agentes de cuando menos 13 dependencias gubernamentales estadunidenses que operan en México, tal como lo reconoció la propia Secretaría de Relaciones Exteriores en respuesta a una solicitud de información canalizada a través del IFAI por el diario digital Contralínea, publicada por ese órgano el 16 de abril de 2017.[5]

Es necesario pues mantener un sano equilibrio de responsabilidades mutuas intra e inter-temas y evitar caer en concesiones unilaterales en las que México no sólo adopta el problema ajeno, sino que somete la vigilancia y supervisión de su manejo a autoridades extranjeras que operan en flagrante violación de nuestra soberanía. Ni en los peores momentos de la Segunda Guerra Mundial o de la Guerra Fría, había estado México tan infiltrado de agentes estadunidenses y colaboradores nativos como en los últimos diecisiete años. Esto debe cesar.

[1] https://mexinternacional.mx/2017/02/10/pronunciamiento-de-embajadres-de-mexico-de-carrera-jubilados-sobre-las-relaciones-con-estados-unidos/

[2] Homeland Security Goes Abroad. Not Everyone Is Grateful. New York Times, 26 December 2017.

   https://www.democracynow.org/2017/12/29/is_the_us_exporting_its_travel

[3] Ídem.

[4] Ídem.

[5] La “buena fe” de México para ocultar el número de agentes estadunidenses. Contralínea, 16 de abril de 2017.

 

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