La Caravana Pueblo sin Fronteras de 2018

El día diez de abril, la prensa destacó en primeras planas la decisión del presidente Peña Nieto de evaluar las relaciones con Estados Unidos, sometiendo a un examen exhaustivo todos y cada uno de los programas y proyectos conjuntos, “para que se sepa lo que hay y podría dejar de haber.”

La evaluación se hará por cada dependencia en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Posteriormente, en una entrevista radial, el secretario Luis Videgaray manifestó que la respuesta de México a la decisión del presidente Trump de militarizar la frontera “deberá tener consecuencias prácticas” y que las medidas que lleguen a adoptarse deberán evaluar todas sus consecuencias, todas sus aristas, partiendo del principio de que la cooperación se da por el interés de México y “no es una ficha de cambio o no es una reciprocidad” (sic).

Tal pareciera que el presidente Peña y el secretario Videgaray han sido unos lectores asiduos de México Internacional y se han convencido de lo que desde principios de 2017 hemos repetidamente sostenido en nuestra página.

Pero el gobierno del presidente Peña no parece muy apresurado a tomar una decisión, toda vez que la revisión y evaluación tomarán “unas semanas”. 

Por más vasta y densa que sea la cooperación bilateral, no parece que su revisión y evaluación deba tomar más de unos pocos días, cuando el gobierno federal cuenta con un importante reservorio de personal calificado en todas las áreas de su competencia, que deberían estar ya movilizados para enfrentar una crisis de seguridad tan grave como la que ha creado nuestro país vecino.

Ello nos hace pensar que estamos frente a un recurso electoral cuyo desenlace puede dosificarse meticulosamente en función de las encuestables venturas o desventuras de su desesperado candidato.

Este autor destinó sólo unas pocas horas para hacer un somero inventario de concesiones unilaterales que ha hecho el gobierno de México a Estados Unidos y que leyó el mismo día 10 de abril en un seminario de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que se reproduce a continuación.

 

SEMINARIO ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ELECTORALES DESDE LA PERSPECTIVA DE LA POLITICA EXTERIOR MEXICANA

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

UNAM

16 de marzo de 2018

(10 de abril de 2018)

por Francisco Correa Villalobos,

Embajador de México en retiro

Con esta Mesa iniciamos un examen del papel de la política exterior de México en los programas de los partidos y candidatos en las actuales campañas para renovar los poderes Ejecutivo y Legislativo.

No concibo este análisis como un ejercicio de adivinación o de especulación sobre lo que cada partido o candidato podría hacer respecto de este tema, sino un esfuerzo por identificar aquellas cuestiones presentes y reales que tienen una incidencia directa en la soberanía, independencia y seguridad nacionales y que, en consecuencia, demandan una atención urgente y prioritaria del gobierno que llegue a resultar electo.

La política exterior ha figurado durante muchos decenios como un tema de prioridad secundaria en los programas electorales y de gobierno y, casi siempre, se ha formulado en términos generales e imprecisos, pese a que nuestra excepcional situación geográfica de proximidad inmediata con la potencia imperial con la proyección mundial de poder más vasta en la historia, plantea, por sí misma, un riesgo permanente a nuestras vulnerables soberanía, independencia y seguridad.

A pesar que hemos vivido una crisis de gravedad incremental en las relaciones con Estados Unido, de hechura gratuita por  el presidente de ese país, crisis que el gobierno de México se ha esforzado, por razones de supervivencia ideológica, no sólo  de minusvalorar sino de intentar, infructuosamente domar la fiera  con concesiones unilaterales de soberanía, al extremo que hace apenas unas pocas semanas nuestro embajador en Washington declaró que, nunca en la historia, las relaciones con  Estados Unidos habían sido mejores que con Peña, no es sino hasta ahora, cuando Trump toma la hostil decisión de militarizar la frontera, que el presidente de México hace un inaudito acopio de valentía para emitir una tímida y retórica defensa de la  dignidad nacional.

Obviamente, el apoyo ha sido unánime de todos los partidos políticos por razones de conveniencia coyuntural, pero el efecto ha sido desplazar la relación con Estados Unidos – y por añadidura la totalidad de la política exterior- del debate político interno, en un momento en el que debería ser motivo de discusión y análisis detallados a nivel nacional. Esta no es una crisis pasajera. México tendrá frente a sí durante tres años más, y posiblemente por siete años más, a un presidente estadunidense irracional, caprichoso, racista y anti-mexicano.

¿Cómo hemos llegado a este extremo de capitulación de sumisión, de entrega?

Las relaciones con Estados Unidos han condicionado la totalidad de nuestra política exterior y han sido determinantes en la concentración de su quehacer internacional en la diplomacia multilateral, a fin de promover el desarrollo y codificación de normas jurídicas mínimas de convivencia internacional, con el objetivo de refrenar la diversificada expansión imperial estadunidense sobre nuestro país y el continente.

Cuando ingresé a la Secretaría de Relaciones Exteriores en la oficina del Embajador Jorge Castañeda, éste me comentó que la política multilateral de México consistía en el esfuerzo de crear una red de normas y principios de derecho internacional que ataran los impulsos intervencionistas de Estados Unidos.

Nuestra tradicional política exterior ha consistido pues en un delicado y cuidadoso equilibrio, por una parte, entre el celoso resguardo de nuestra soberanía e independencia frente a Estados Unidos, basado en el apego constante y coherente a normas claras de derecho y justicia internacional, y, por otra parte, el mantenimiento de relaciones de amistad, escrupulosamente respetuosas y de cooperación en innumerables ámbitos. Debe subrayarse que pese a que han habido numerosos casos en que ambos países han sostenido posiciones contradictorias en temas delicados de seguridad internacional, México y Estados Unidos han mantenido tradicionalmente una retórica de riguroso respeto, que se ha perdido totalmente por parte del jefe del Estado norteamericano.

Nuestra trayectoria en el sistema interamericano desde los años 20 del siglo pasado, en la Sociedad de Naciones y, sobre todo en las Naciones Unidas, demuestra una extraordinaria, paciente, perseverante y coherente actividad que dieron a nuestro país un enorme prestigio y, por lo tanto, una influencia internacional que rebasaba con mucho su fortaleza económica y poderío militar.

Esa línea de política constituía un valor entendido y bien arraigado en el imaginario político mexicano.

Durante la Guerra Fría, Estados Unidos entendió claramente que nuestra política exterior respondía pura y exclusivamente a intereses nacionales muy arraigados en la conciencia nacional, y que, así como su política interna, adoptadas ambas con antelación a la confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, no representaban una peligrosa desviación ideológica, ni una intención de cambio de bando político.

La acción coherente de México en los foros multilaterales durante muchos años, fue percibida pues por Estados Unidos como un elemento normal, medianamente molesto, pero totalmente predecible y no inmanejable de la relación bilateral.  Los casos de Guatemala, Cuba, República Dominicana, Chile, Nicaragua, El Salvador, el Grupo Contadora e incluso el caso de Irak en el Consejo de Seguridad, demostraron al mismo tiempo la tolerancia de Estados Unidos a la política externa de México, y su intolerancia a que el ejemplo pudiera repetirse en el continente.

Este fue un triunfo político internacional nada despreciable de sucesivos gobiernos de México.

La desaparición de la Unión Soviética, la unipolaridad, la concomitante unilateralidad, y sus corolarios, el llamado “excepcionalísimo” y la llamada “indispensabilidad”, invocados por Estados Unidos para justificar su pretendida superioridad sobre el derecho internacional, casi coincidieron en el tiempo con la llegada de los gobiernos del Partido Acción Nacional al poder.

Los seguidores de esa reaccionaria línea política habían quedado al margen por casi un siglo de la formulación y aplicación de la política exterior. Los  dos gobiernos del PAN dieron un vuelco a esta tradición con intentos soterrados de reformar la fracción X del artículo 89 de la Constitución, con la aceptación del concepto de fronteras avanzadas de Estado Unidos, con el control por éstos de la política migratoria, con la participación en operaciones militares y navales conjuntas que responden al interés hegemónico del vecino pero no de México, con importantes concesiones unilaterales de soberanía e independencia y con las guerras contra el narcotráfico y el terrorismo.

Ahora bien, cómo se ha desviado nuestra política exterior de una trayectoria de decenios y cuáles son estas cuestiones de política exterior reales y presentes que afectan nuestra soberanía e independencia nacionales.

En mi opinión, hay una premisa en la que se basa una parte importante de nuestras relaciones políticas con Estados Unidos en los últimos 15 o 20 años: la infundada y cándida creencia que las concesiones unilaterales necesariamente implican la simpatía o la buena voluntad de Estados Unidos, la cual podría manifestarse en el futuro en otros temas de nuestro interés. Esta presunción, generalizada entre la clase política mexicana, el empresariado, periodistas, e incluso entre analistas e investigadores, es falsa y debe rechazarse.  En política internacional las concesiones unilaterales se perciben como hechas en función del interés nacional de quien las hace y, por lo tanto, no ameritan ninguna reciprocidad de parte del beneficiario. La experiencia de México así lo demuestra.

Veamos pues cuáles son estas cuestiones presentes y reales que implican una cesión de soberanía o que socavan nuestra independencia y seguridad, que deberían ser urgentemente abordadas y resueltas por el próximo gobierno.

Hace un año, un periódico digital, Contralínea, publicó un artículo basado en el resultado de información oficial obtenida por medio del IFAI, según la cual se encuentran en el país, además de agentes de la CIA, agentes norteamericanos que pertenecen a 13 agencias oficiales del gobierno de ese país, incluyendo dependencias que realizan actos de autoridad en México en violación de la soberanía nacional. Los elementos de seguridad estadunidenses se encuentran en México, al menos, desde diciembre de 2006, cuando inició la administración del panista Felipe Calderón Hinojosa. Ahora, según Contralínea, al final del sexenio del priísta Enrique Peña Nieto, “no ha existido variación” en las agencias con presencia en México, según ha señalado la SRE en el oficio UDT-0823/2017, fechado el 2 de febrero de 2017. La Secretaría de Relaciones Exteriores negó expresamente a Contralínea informar las actividades que realizan los agentes de esas dependencias estadunidense, por razones, dijo, de seguridad nacional.

Siete de esas agencias dependen del Departamento de Justicia, cinco del Departamento de Seguridad Interior y uno del Departamento del Tesoro. Las agencias del departamento de Justicia que mantienen efectivos en México son:

-Agregaduría Legal de la Agencia Federal de Investigación (Legal Attaché Office-Federal Bureau of Investigation, FBI);

-La agencia antidrogas (Drug Enforcement Administration, DEA);

-La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, ATF);

-La Oficina del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (United States Marshals Service, USMS);

-La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia (Office of International Affairs, OIA-DoJ);

-La Oficina de Desarrollo, Asistencia y Entrenamiento Judicial Internacional (Office of Prosecutorial Development Assistance and Training (OPDAT);

-La Oficina de Programas de Asistencia y Adiestramiento Internacional para la Investigación Criminal (International Criminal Investigative Training Assistance Program Office, ICITAP).

Muchas de estas agencias desempeñan actividades normales en las múltiples funciones que tiene una embajada. Pero otras como la DEA, los Marshalls o Aguaciles, la Customs and Border Protection y el ICE, (Immigration and Customs Enforcement), desempeña funciones de autoridad dentro de nuestro país sobre nacionales mexicanos y extranjeros que se encuentran en México.

Desde hace años, la prensa nacional ha reportado la participación de agentes de la DEA en operativos policíacos y militares contra cárteles de la droga, portando uniformes oficiales mexicanos. En otros casos, su acción clandestina, encubierta, frecuentemente ilegal y en ocasiones abiertamente criminal, crea verdaderas crisis en la relación bilateral. Un caso célebre fue el del asesinato en 1985 de Enrique Camarena, un agente de la DEA de origen mexicano nacionalizado norteamericano, que logró infiltrarse en un grupo de narcotraficantes de la costa del Pacífico, el llamado cártel de Guadalajara.

Cuando lo descubrieron, Camarena fue torturado y asesinado. Estados Unidos armó un gran escándalo ocultando el hecho que Camarena estaba involucrado directamente en el tráfico de drogas y lucrando con ello y que quienes lo delataron a los narcos fueron agentes de la Agencia Central de Inteligencia, como se reveló tiempo después, en uno de estos obscuros episodios de doble lealtad, traiciones, envidias y lucro personal tan comunes en los servicios de inteligencia.

Estados Unidos señaló a Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca como los autores, pero eran ilocalizables para las autoridades mexicanas. Estados Unidos proporcionó entonces información, a través de la DEA, a un grupo de cazarrecompensas, que actuaban como mercenarios, para que secuestraran en Guadalajara a un médico que supuestamente había participado en la tortura de Camarena. El doctor Álvarez Machain fue llevado a Estados Unidos subrepticiamente, con el apoyo logístico y criminal de las autoridades estadunidenses, juzgado y finalmente absuelto por la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos.

Más recientemente, en 2011, la DEA propició una verdadera masacre en el pueblo de Allende en el norte de Coahuila, cuando los Zetas entraron al pueblo buscando a unos desconocidos que los habían traicionado. Mataron a decenas y quizá cientos de pobladores sin que intervinieran la policía o el ejército.

Es bien conocido que organismos estadunidenses de inteligencia, como la CIA, el FBI y la DEA, practican el doble juego de “incendiarios y bomberos”: En ocasiones, cuando encuentran a una persona con el perfil de delincuente o terrorista en potencia, agentes de inteligencia se hacen pasar como simpatizantes que inducen, estimulan, facilitan la comisión del delito, con el fin de que, en el último momento, el acto es frustrado y la persona o personas detenidas. El objetivo del operativo es elevar el prestigio del organismo y de sus directivos.

En el caso que nos ocupa, un agente de la DEA que encabezaba una Special Intelligence Unit, formada por antiguos narcos y policías especialmente seleccionados y entrenados, lograron identificar los números de los celulares del Z40 y del Z42, ambos dirigentes de los Zetas. El agente de la DEA pensó que el acceso a los celulares sería útil únicamente como parte de un amplio operativo y pasó la información a sus superiores en Dallas. Pero el jefe de la oficina de la DEA en esa ciudad, sin diseñar ningún operativo conjunto con la policía y el ejército mexicano, pasó la información a la Policía Federal, en donde un agente no identificado, al menos públicamente, advirtió a los Zetas que sus teléfonos estaban siendo intervenidos.

Los Zetas se habían convertido en habitantes habituales de Allende y mucha gente del pueblo formaba parte de la organización, pero el Z40 y el Z42 no sabían quién los había traicionado. Una noche, decenas de hombres armados ocuparon el pueblo y masacraron un número indeterminado que se calcula entre 60 y 300 habitantes de Allende, sin que la policía ni la guarnición militar intervinieran para detener la matanza.

Los hechos causaron una tormenta política que tiró a Humberto Moreira, que acababa de dejar el puesto de gobernador de Coahuila para ocupar la presidencia del PRI. La DEA, por su parte, emprendió un operativo de control de daños con filtraciones a la prensa que se concentraba únicamente en la corrupción de la Policía Federal y del gobierno del Estado y omitía su irresponsable papel como detonador de la masacre.

El jefe de la oficina de la DEA en Dallas fue felicitado y promovido como segundo de la oficina central de la DEA en Washington.

Hace unas pocas semanas la Cámara de Representantes de Estados Unidos decidió, a siete años de los hechos, iniciar una investigación sobre el papel de la DEA en la masacre.

No tengo conocimiento de que el Gobierno de México haya hecho lo propio.

No es posible prescindir de la colaboración de la DEA en el combate al narcotráfico, pero es absolutamente necesario, indispensable, que se le someta a una estricta supervisión y control de todos sus actos, algo que sólo podrá realizarse con un saneamiento de la PGR de la policía federal y las policías estatales y municipales. Una tarea gigantesca, ímproba, pero que debe emprenderse.

Pasando a otra cuestión, hace unas pocas semanas, el secretario de Relaciones Exteriores declaró que se está estudiando una solicitud del gobierno de Estados Unidos para que actúen los llamados air-marshalls dentro de México. Estos policías son verdaderos kamikazes que van armados dentro de los aviones comerciales con la única función de abatir a balazos a cualquier presunto secuestrador aéreo. Últimamente han sido dotados de pistolas eléctricas como opción, pero no como sustituto de las armas de fuego. Operan en todos los vuelos comerciales dentro de Estados Unidos y en aviones de las compañías norteamericanas en vuelos internacionales con destino al exterior de Estados Unidos o desde el exterior con destino a ese país.

Ahora se pretende incorporar en este esquema a los aviones mexicanos que vuelen a Estados Unidos y a puntos cercanos a la frontera con ese país. El riesgo para los pasajeros sería inconmensurable. No sabemos si ya se ha aprobado el funcionamiento de los air-marshalls en México, pero lo cierto es que ya operan en otros aspectos igualmente violatorios de la soberanía nacional.

En su edición del día primero de marzo del diario La Jornada, en la sección de Opinión, se da cuenta de que en un vuelo de AeroMéxico de Monterrey a México el capitán advirtió a los pasajeros al llegar a esta ciudad que podrían ser objeto de una revisión realizada al azar por agentes de seguridad de Estados Unidos. Días después, el embajador en retiro Sergio Romero Cuevas me comentó que había tenido la misma experiencia en un vuelo de AeroMéxico de la ciudad de México a Monterrey. Estas son prácticas típicas y normales en un país bajo ocupación extranjera y deben erradicarse definitivamente de nuestro país.

Otro caso de vulneración de la soberanía nacional es la operación de agentes del Customs and Border Protection en aeropuertos internacionales del país, para filtrar pasajeros no sólo de vuelos a Estados Unidos sino incluso de vuelos intercontinentales que salen de México.

Hace algunos años mi esposa debía viajar por Air France a su país natal, Argelia, en compañía de nuestro hijo de cuatro años, ambos con sus pasaportes mexicanos ordinarios. Cuando la encargada de documentar el vuelo se dio cuenta del lugar de nacimiento de mi esposa le preguntó a su supervisor si podía documentarla. Su colega no pudo responderle, pero claramente escuché cuando le dijo: “Pregúntale al gringo de migración que está arriba.” La chica subió, obtuvo la autorización del agente estadunidense y documentó a mi esposa e hijo.

Este atentado contra la soberanía no se limita a México. Hace unas semanas se filtró a la prensa en Canadá que el parlamento consideraría la aplicación mismo esquema en ese país. El público respondió inundando con protestas escritas al gobierno de Trudeau, casi al mismo tiempo que en el Bundestag se producía un airado debate en el que se criticó duramente al gobierno de Angela Merkel por permitir, mediante el mismo sistema, la aplicación extraterritorial de disposiciones legales norteamericanas. En México debe detenerse esa práctica insultante.

Es necesario pues mantener un sano equilibrio de responsabilidades mutuas intra e inter-temas y evitar caer en concesiones unilaterales en las que México no sólo adopta el problema ajeno, sino que somete la vigilancia y supervisión de su manejo a autoridades extranjeras que operan en flagrante violación de nuestra soberanía. Ni en los peores momentos de la Segunda Guerra Mundial o de la Guerra Fría, había estado México tan infiltrado de agentes estadunidenses y colaboracionistas nativos como en los últimos diecisiete años. Esto debe cesar.

Pasemos ahora a otro tema: La sorprendente adopción de gestos de política exterior, inútiles por su escasísimo valor político que, en el mejor de los casos, constituyen una ganancia ínfima y marginal para Estados Unidos, pero no así para su relación con México, por la sumisión que implican y la pérdida enorme de prestigio -y el poder que en ello se sustenta-  de México.

Este es el caso de la expulsión del embajador de Corea del Norte, supuestamente como castigo simbólico por el lanzamiento en prueba de un cohete intercontinental por el gobierno de la República Popular y Democrática de Corea. Debemos recordar que días antes de esa decisión, el entonces Director de la Agencia Central de Inteligencia y ahora propuesto Secretario de Estado, Michael Pompeo, hizo una visita al Secretario Videgaray, al término de la cual aquél declaró a la prensa con gran desparpajo y cinismo que él no podía decir a México lo que tenía que hacer, sino limitarse a expresar lo que Estados Unidos esperaba que hiciese. Los estadunidenses pretendían crear una ola de actos oficiales para aislar a Corea del Norte. Sólo España y México respondieron al llamado. La aceptación por Trump de acudir a una entrevista personal con Kim-Yong-Um deja a nuestro país en una situación verdaderamente ridícula y embarazosa.

Otro caso fue el de la abstención de México en el voto de condena casi universal adoptado por la Asamblea General Especial Extraordinaria de Naciones Unidas con motivo de la decisión de Estados Unidos de trasladar su embajada a Jerusalén. La prohibición para todos los países del mundo de reconocer a Jerusalén como capital de Israel está dispuesta en la resolución 478 del Consejo de Seguridad que, conforme al artículo 25 de la Carta de Naciones Unidas, es obligatoria.

El gobierno de México pretendió explicar su voto de abstención con un argumento paradigmático de la impunidad, en el sentido que no era posible “estigmatizar “a un país que era indispensable para la solución del problema. En todo caso, Estados Unidos se “estigmatizó” a sí mismo por violar el derecho internacional y crear un problema.

No había ninguna justificación moral o jurídica para el voto de abstención de México, salvo la razón política de sumisión al interés de Estados Unidos.

Los intereses de México en estos temas son muy amplios. En el caso de Corea de Norte es un problema de proliferación de armas nucleares: un tema en el cual siempre hemos mantenido que debe observarse un cuidadoso equilibrio de obligaciones de los países poseedores de armas nucleares y los proliferantes.

No es políticamente aconsejable condenar sólo a una parte e ignorar las obligaciones asumidas por otros sin validar un pernicioso y desestabilizante oligopolio nuclear mundial.  Los países poseedores de armas nucleares tienen la obligación d emprender negociaciones destinadas a eliminar las armas nucleares, como lo dispone el Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares. Tampoco debe México soslayar los proyectos mega billonarios para modernizar los vastísimos arsenales nucleares con que cuenta Estados Unidos. Repito, no es posible condenar sólo a una parte e ignorar el incumplimiento de obligaciones por otro país, sin socavar el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares en cuya concepción y redacción México tuvo un papel decisivo.

En el caso de Jerusalén, disculpar a un país por su violación del derecho internacional debilita nuestra autoridad moral internacional y corrompe nuestro prestigio, dos importantes factores de poder para un país como México.

La próxima administración deberá hacer un cuidadoso análisis de los intereses de Estado y revertir las decisiones adoptadas en función de intereses de grupo o de partido.

En el caso de Venezuela, el Secretario Videgaray ha afirmado que la democracia representativa debe ser la única forma de gobierno que debe prevalecer en América Latina, pretendiendo negar a otros pueblos de América Latina y el Caribe el derecho del que goza el pueblo mexicano, conforme al artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En la misma línea de pensamiento, el entonces representante de México ante la Organización de Estados Americanos y actualmente Subsecretario para América Latina y el Caribe, afirmó el 24 de julio de 2017, que “insistimos que no puede ni debe invocarse el principio de no intervención para justificar alteraciones al orden democrático”.

En una carta dirigida a varios senadores de la República, un grupo de Embajadores de México en retiro hicieron un exhaustivo análisis jurídico en el que afirmaron que el artículo 89 fracción X de nuestra Carta Magna, al definir las facultades del jefe de Estado, indica que el presidente dirige la política exterior y añade que, en el cumplimiento de esta responsabilidad, “…observará los principios de autodeterminación de los pueblos, no intervención…”. La Constitución no establece una facultad potestativa, sino que asigna una obligación absoluta al Poder Ejecutivo de aplicar esos principios.

Los embajadores subrayaron que el principio de no intervención no sólo es una norma constitucional, sino que constituye una norma de derecho internacional reconocida como tal por la Corte Internacional de Justicia, el tribunal de más alta jerarquía mundial, en su sentencia Nicaragua vs Estados Unidos de 1986.

En dicha sentencia, la Corte estableció que una intervención afecta cuestiones sobre las que un Estado, en virtud del principio de soberanía del Estado, debe decidir libremente. Una de estas cuestiones, añade, es escoger libremente su sistema político, económico social y cultural, así como la formulación de su política exterior.

También dijo la CIJ que el principio de respeto a la soberanía de los Estados está, en derecho internacional, estrechamente relacionado con el principio de no intervención.  En otras palabras, no se puede violar el principio de no intervención sin violar los principios de igualdad soberana de los Estados y de respeto a la soberanía del Estado.

A la luz de lo anterior, las declaraciones que analizamos son, en el mejor de los casos, un frustrado intento para justificar retóricamente lo injustificable jurídicamente e, implícitamente, justificar a priori una eventual intervención extranjera en México si se ejerce el derecho reconocido en el artículo 39 de la Constitución

Otro aspecto importante es el de la transformación de la frontera de México con Guatemala y Belice en la frontera sur de Estados Unidos. El concepto de “fronteras avanzadas” de Estados Unidos se adoptó como un elemento vital de la guerra antiterrorista para mantener cualquier supuesta amenaza de ataque “terrorista”, o sea musulmán, lo más alejado posible de las fronteras políticas de Estados Unidos.

Varios de los temas que hemos examinado hoy aquí se han concebido y se han aplicado dentro de ese esquema.  Pero el proyecto sobre la frontera sur se extendía a los movimientos migratorios, en los que el gobierno de México ha jugado un papel de represor  mercenario, como le llamó un periodista norteamericano. El reciente evento de la caravana Pueblo sin Fronteras, que tanto indignó a Trump, puso de manifiesto, no sólo la rapidez con que el INM cercó -o como se dice ahora, “encapsuló”- al contingente, deportó a un buen número de participantes y dispersó al resto, sino también su estrecha colaboración en la identificación y fichaje de los caravaneros con huellas dactilares y lecturas del iris y la entrega de los datos al Immigration and Border Enforcement.

Adicionalmente, el gobierno de Estados Unidos ha financiado la creación de 12 bases fluviales militares en los ríos Suchiate y Usumacinta y el establecimiento de tres líneas de vigilancia a lo largo de más de 100 kilómetros cerca de las fronteras con nuestros vecinos del sur. A esto hay que añadir la construcción en curso de un cuartel general de la SEDENA en Chiapas y la presunta supervisión de las operaciones militares mexicanas en la zona por el Comando Sur de las fuerzas armadas estadunidenses.

Esto nos ayuda a explicar el otrora inexplicable silencio del gobierno de México ante la militarización de la frontera por Estados Unidos

La situación de seguridad en la frontera sur requerirá de una atención urgente en función de los intereses nacionales de México y no enfocarla como un accesorio de los intereses de seguridad de Estados Unidos.

México tradicionalmente ha manejado de manera inteligente los límites que imponen la geografía y la enorme disparidad de poderío, y demostrado que es posible y deseable llevar a cabo una relación de decencia y honestidad con independencia, en donde la cooperación no implique la entrega de soberanía. La sumisión ante Trump no supone una recompensa, sino mayores humillaciones, porque su mentalidad sólo ve una ganancia como escalón para otra y el supuesto segmento moderador dentro de la Casa Blanca o el gabinete sólo introducen matices en lo que ya es una línea definida de gobierno.

No debemos soslayar que Estados Unidos se encuentra en la peligrosa reformulación de su política exterior para revertir su repliegue mundial, mediante el desesperado intento de recuperar una posición preponderante sobre nuevas bases que hacen a un lado el derecho y la diplomacia, para hacer valer únicamente la fuerza y las actividades de su vasta y poderosa maquinaria de penetración en las élites políticas y los poderes fácticos, así como la desestabilización y la subversión por operaciones encubiertas.  La Estrategia Nacional de Seguridad de Trump parte de la visión de un Estados Unidos acosado, con fronteras vulnerables y un enorme poderío destructor. Una peligrosa combinación.

Estamos inmersos en un mundo muy diferente y debemos obrar en consecuencia. México debe salir fortalecido del desagradable episodio de Trump, en la inteligencia que republicanos y demócratas no difieren en cuanto a política hemisférica.

Todo ello debe llevar a México a fortalecer sus relaciones con los nuevos centros de poder mundial, el derecho internacional y las instituciones multilaterales como única opción racional para presentar una firme e inalterable posición basada en la dignidad, con un amplio apoyo popular y con el sólido bagaje jurídico internacional acumulado en los últimos 70 años. Para México no hay otra opción digna y viable.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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