por Francisco Correa Villalobos,

Embajador de México en retiro

Es sorprendente la tersura con que el editorial en La Jornada de ayer, titulado Venezuela: Atentado y dobles raseros, se refiere al silencio del gobierno de Peña ante el intento de magnicidio contra el presidente Maduro, cuando se trata de la última manifestación de la audaz y desvergonzada violación del artículo 89 (X) de la Constitución por el gobierno saliente.

Con sus actos y una insostenible argumentación jurídica desde la llegada de Luis Videgaray a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que puso en evidencia la sujeción por Estados Unidos y el estrecho trasfondo ideológico de la animadversión contra Maduro, el gobierno de Peña se erigió en parte importantísima de la larga y fracasada ofensiva de la derecha continental, que llega ahora a un absurdo y criminalmente desesperado clímax.

El gobierno de Peña y Videgaray no puede enmascarar su responsabilidad en la creación de un telón de fondo de linchamiento internacional que propicia acciones criminales. Esta es una política que el nuevo gobierno debe corregir apegándose a la letra de la Constitución, a las Cartas de Naciones Unidas y de la OEA y al derecho internacional.

Publicado en La Jornada, el 7 de agosto de 2018

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