Una delgada línea separa el cumplimiento de los Principios Constitucionales de Política Exterior, especialmente el de la No Intervención, de su incumplimiento, en el caso de la situación que vive Venezuela desde hace varios años.

En efecto, México, desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se ha pronunciado por la necesidad de una salida negociada al conflicto interno e internacional que aflige a ese país hermano. Se agrega que no son aceptables soluciones violentas, ni tampoco una intervención militar extranjera. ¡Eso está muy bien!.

Sin embargo, en declaraciones del secretario Ebrard y del subsecretario encargado del área latinoamericana y caribeña, se añade que México mantiene una posición “equidistante” (sic) queriendo decir que no apoyamos ni al gobierno ni a la oposición. ¡Eso está muy mal!

Es aquí precisamente en donde se encuentra esa delgada línea:  México mantiene relaciones diplomáticas normales con el gobierno de Nicolás Maduro, quien a invitación expresa asistió a la toma de posesión de nuestro presidente, y el encargado de negocios de México en Caracas, a la del mandatario venezolano.  Además, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoce y acepta al representante del gobierno de Maduro como el único representante del Estado venezolano ante ella.

Caso totalmente distinto al de la Organización de Estados Americanos (OEA) en donde, liderados por EEUU, países importantes como Argentina, Brasil, Canadá, Colombia y Ecuador, así como indebidamente el Secretario General del organismo, Luis Almagro,  han desconocido al gobierno de Nicolás Maduro y aceptan representantes “diplomáticos” del “presidente encargado”.

No se puede obviar, a la hora de definir nuestra política hacia este caso, las groseras violaciones al derecho internacional que cometen, tanto los Estados Unidos, como las demás naciones que desconocieron al actual gobierno.

En efecto, de conformidad con la Carta de la ONU, la No Intervención y la Autodeterminación de los Pueblos, son Principios del Derecho de Gentes, además de que el único ente autorizado para imponer sanciones a un Estado es el Consejo de Seguridad, que en este caso, no las ha permitido.

Por su parte, la Carta de la OEA, de manera tajante prohíbe literalmente no sólo la intervención los asuntos de un Estado miembro, sin importar la causa con la que se pretenda justificarla, como también, la imposición de sanciones y medidas coercitivas que pretendan violentar la voluntad soberana de un Estado. Desde luego, también reconoce el derecho inalienable de cada Estado de darse el sistema político económico y social que más convenga a sus intereses.

Teniendo presentes esta información, resulta incongruente que se diga que mantenemos una posición “equidistante” ante el problema, pues es público y evidente que quien se encuentra detrás de las constantes agresiones al pueblo de Venezuela, son precisamente los Estados Unidos y sus intereses geo-políticos y económicos.

No es necesario imaginar que adoptemos una política militante en contra de los EEUU y sus acciones ilegales contra Venezuela. No, pero sí, como se hizo en el pasado en casos emblemáticos, como el de Cuba, Guatemala y Nicaragua, que México, a la par de considerar inaceptable una intervención militar y ofrecer sus buenos oficios y voluntad de apoyar una negociación, misma que todavía es posible vistos los fracasos de la oposición y sus apoyos externos, ponga en evidencia la ilegalidad de las sanciones y su condena ante las amenazas de una intervención, prohibidas por los principios que son norma el Derecho Internacional y de las relaciones entre sus sujetos.

En resumen, no tenemos que “ponernos los guantes” con los EEUU, pero siempre, salvo en la etapa neoliberal del gobierno mexicano, en la que se soslayó nuestra historia y nuestros intereses, México ha defendido su derecho a disentir, a mantener su propia opinión y visión sobre los asuntos de la agenda internacional, y a la defensa de sus legítimos intereses nacionales, además de defender a los débiles frente al abuso de los fuertes.

Cuidado que podemos pasar esa delgada línea cosa que tendría consecuencias nefastas para el gobierno que cambiará a México.